La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) ocultó finalmente el contrato que le permite a la telefónica Yota de Nicaragua S.A. montarse sobre la estructura estatal para hacer su negocio, y al responder sobre el caso incurrió en varias contradicciones y desmintió la versión ofrecida por el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.
LA PRENSA requirió información de Enatrel, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, pero después de un plazo de 30 días, el máximo tiempo que contempla esa ley para que las instituciones respondan, la única comunicación recibida por este periódico fue verbal y duró unos segundos.
Yota es una compañía telefónica ruso-nicaragüense, vinculada a personajes cercanos a la familia del presidente Daniel Ortega y al asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.
José Mojica Mejía, ex miembro de la desaparecida Seguridad del Estado, y el abogado José María Enríquez Moncada, son los socios nicaragüenses de Yota y están vinculados a Ortega y Arce, respectivamente.
La compañía entró el año pasado al negocio de las telecomunicaciones en Nicaragua, después de una licitación en que compitió sin oponentes y, con la venia del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), podrá agenciarse cien millones de dólares en ganancias, según fuentes del sector.
RESPUESTA INFORMAL
La solicitud de información de LA PRENSA fue presentada el 18 de diciembre pasado, pero hasta el pasado 22 de enero respondió la vocera de la empresa, vía telefónica.
“Lo único que pude investigar es que hay contrato sobre dos torres de Enatrel, y sobre la fibra óptica no hay. Aquí me dijeron eso. Si quieren el contrato, si querés te paso el formulario. Eso es lo que manejo”, dijo el viernes pasado Karla Poveda, oficial de la Oficina de Acceso a la Información Pública en Enatrel.
Poveda se reía tras las línea telefónica. Con su respuesta obvió la solicitud periodística, en la que de modo irregular los funcionarios ni siquiera le ponen sello de recibido a la documentación.
La petición deja claro que la información requerida es “en físico” (es decir, el contrato).
¿SE BURLAN DE MINISTRO?
La respuesta de Poveda también contradice y deja en ridículo al ministro Rappaccioli.
El Ministro sostuvo el 23 de diciembre pasado, basado en un informe que le hizo llegar la presidencia ejecutiva de Enatrel, que “aquí (refiriéndose al documento) se explica cómo diferentes empresas de comunicación utilizan los servicios de Enatrel, gracias a la amplia infraestructura con que cuenta y una conexión internacional de fibra óptica, que se origina en Bluefields y que brinda la empresa Amnet a nivel de la región de Centroamérica, con cableado submarino”.
Rappaccioli especificó luego que 14 empresas estaban en igualdad de condiciones.
¿Por qué ahora la vocería de Enatrel contradice al Ministro, al negar que hay acuerdo con Yota sobre la fibra óptica? ¿Quién dice la verdad?
Además, si hay un contrato sobre dos torres con la empresa Yota, ¿qué pasó con las otras seis torres que Yota reconoció como parte de un “acuerdo comercial” entre ambas empresas?
El 17 de diciembre pasado, una vocera de la vicegerencia de Yota confesó que ambas empresas tenían una relación comercial. Así lo explicaron: “Existen negocios entre ambas empresas. Yota le renta los espacios a Enatrel para ubicación de las torres, son ocho. Los montos los manejan ambas empresas”.
Por las antenas que han colocado sobre las torres de Enatrel, Yota aseguró que había invertido “seis millones de dólares” en las ocho estaciones ubicadas en Managua.
En medio de la polémica, Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Enatrel y personaje cercano al Presidente de la República, guardó silencio. La única vez que atendió su teléfono celular se excusó hablando de una reunión y luego ya no respondió más.
TIENEN LA ORDEN DE OCULTAR
La posición poco transparente de Enatrel y del Gobierno en general es interpretada como el seguimiento de una línea gubernamental para todos los funcionarios.
“Creo que la información polémica y que se vuelve más importante y relevante los funcionarios la niegan, como son las declaraciones de probidad, contratos con empresas publicitarias del Gobierno y muchas cosas que comprometerían a los funcionarios”, explicó Emilio José Ortega, oficial de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y uno de los expertos que ha seguido en el país el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La raíz de esta posición cerrada de los funcionarios es un documento en que la primera dama, Rosario Murillo, esbozó la política de comunicación de la Administración Ortega al principio del gobierno, en 2007.
La primera dama quería un mensaje a la población sin contaminación, es decir, a través de los medios ligados al partido de Gobierno.
NO CUMPLEN LA LEY
La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada el 16 de mayo del 2007 y reglamentada en enero del 2008.
Según el monitoreo más reciente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de 24 solicitudes de información presentadas entre enero y septiembre del 2008 en 17 instituciones del Estado, sólo el 12.5 por ciento fueron respondidas en tiempo y forma; 21 por ciento las respondieron con entrega parcial de información y 33 por ciento no tuvo respuesta.
Según Emilio José Ortega, faltan condiciones en algunas dependencias estatales y en otras no han sido creadas. También faltan las instancias de apelación establecidas en la ley.
“No nos hemos dado cuenta de que se hayan creado estas instancias. No todas las instancias del Estado tienen oficinas de acceso. Las municipalidades tienen serios problemas también, sin condiciones, y lo otro es que se tiene que generar demanda de la información para presionar a las instituciones y que así se aplique lo establecido en la ley”, añadió el especialista.
Hay problemas también con los archivos en algunas instituciones. Existen alcaldías donde este tipo de información está en bodegas, lamentó.
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