“Tengo a todo el sistema judicial en contra, violando los derechos de un menor”, se quejó la abogada Karla Arroyo Sánchez, esposa de un asesor del Tribunal de Apelaciones de Masaya, Rommel Humberto Chavarría Noguera, hijo del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ramón Chavarría.
Desde hace dos años Arroyo Sánchez presentó una demanda por pensión alimenticia en contra de Chavarría Noguera —del que está separada— en el Juzgado Local Civil de Masaya, para que le ayude con el sustento para el hijo que ambos procrearon, actualmente de seis años.
Arroyo se quejó de que un proceso de ese tipo se ventila en dos meses, pero ya lleva dos años.
Rommel Chavarría dijo a LA PRENSA que él no tiene ningún tráfico de influencias porque, si así fuese, ya estaría divorciado de Arroyo y todavía un juzgado de Masaya no dicta sentencia sobre la demanda de divorcio.
Arroyo manifestó que primero la juez Reyna Gutiérrez dictó una pensión provisional a favor del menor por 4,000 córdobas, para mientras se dicta sentencia definitiva, pero después la juez Gutiérrez se separó del caso porque admitió que tiene “lazos de amistad” con Chavarría Noguera.
El caso pasó ante el juez de Distrito Civil de Masaya, Danilo Jiménez, quien según Arroyo Sánchez también es amigo muy allegado a su ex cónyuge y tiene trabado el proceso y no dicta sentencia.
Arroyo presentó denuncia en la Policía de Masaya contra Jiménez y Chavarría por tráfico de influencias y delito contra la administración de justicia, porque le tienen demorada la tramitación de la causa.
CUESTIONA A LA CSJ
Arroyo también se queja de que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitan con mayor rapidez las resoluciones judiciales que lleva su esposo que las de ella.
A inicios de diciembre Arroyo logró un embargo del salario de Chavarría por más de 7,500 córdobas, pero con otra resolución judicial Chavarría logró inmediatamente que el administrador de la Corte, Aldrin Payán, le esté devolviendo ese dinero, deduciéndolo de los 4,000 córdobas mensuales que mandó la juez Gutiérrez a pagar como pensión.
Arroyo indicó que la Ley de Alimentos establece que el dinero entregado por pensión alimenticia a un menor bajo ninguna circunstancia debe ordenarse su devolución.
Payán se defendió diciendo que sólo cumple con las órdenes judiciales y que no tiene nada que ver en el conflicto que existe entre Arroyo y Chavarría.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
