El recién pasado 10 de enero corriente, la organización cívica Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) dio a conocer la proclama “¡Nicaragua volverá a ser República! ¡No al golpe de Estado!”, en la que recuerda que los partidos políticos opositores con representación parlamentaria, han asumido el compromiso de escoger sólo personas idóneas para ocupar los cargos que se deben elegir próximamente en la Asamblea Nacional, entre ellos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia.
La UCD emitió esa proclama en conmemoración del 32 aniversario del asesinato del héroe nacional de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal; así como para anunciar el comienzo de la campaña de lucha cívica por la democracia denominada “Nicaragua volverá a ser República, que se extenderá hasta finales del año 2011”.
Pero no es sólo el requisito de idoneidad el que se necesita para elegir en la Asamblea Nacional a los magistrados y otros cargos titulares en las instituciones estatales. Por ejemplo, en lo que se refiere al Poder Electoral, la misma UCD subraya que su objetivo fundamental, “que es la defensa del sistema democrático y el régimen de libertades consagrado en nuestra Constitución Política, exige el nombramiento de magistrados del Consejo Supremo Electoral honestos e independientes, respetuosos de las leyes y de la voluntad popular expresada a través del voto. Sin profesionales de limpia trayectoria ética y moral al frente de este Poder del Estado, no será posible tener elecciones en el año 2011 y dirimir la cuestión del poder, con las graves consecuencias que ello tendría para la paz y el desarrollo económico y social de los nicaragüenses”, advierte la prestigiosa organización social cívica.
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En realidad, la idoneidad para ocupar los altos cargos estatales que elige la Asamblea Nacional es un requisito mencionado hasta por el PLC, que actualmente comparte esos puestos, en condición de socio minoritario, con el partido de Daniel Ortega. Y sin duda que es una condición importante y necesaria, pero insuficiente. Idónea es cualquier persona apropiada para algo. Como se dice en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas: “La idoneidad implica un complejo de circunstancias que van desde la comprobación de condiciones físicas y el cumplimiento de requisitos reglamentarios a la demostración de dotes para el cargo o el encargo. Otras veces, sólo la práctica, la experiencia coronada por resultados satisfactorios, acredita la idoneidad del sujeto o del objeto que se ha de elegir o emplear”.
Además, la idoneidad para el desempeño de los cargos superiores en el Estado es un criterio que depende de la óptica ideológica y de los intereses políticos y materiales de los partidos que los nombran, o más bien dicho de sus cúpulas dirigentes y sus líderes o caudillos. En este sentido, quienes ocupan actualmente las magistraturas en el Consejo Supremo Electoral por encargo del PLC, sin duda que en el momento de su nombramiento eran idóneos para quienes los propusieron. Para éstos sólo dejaron de tener idoneidad porque en las elecciones municipales de noviembre de 2008 tales magistrados cambiaron su lealtad política partidista y se pusieron al servicio del fraude orteguista. O sea que actuaron en perjuicio del partido al que le deben los lucrativos cargos públicos que desempeñan, aunque entre los mismos liberales son muchos los que sospechan que aquel fraude fue en realidad una operación bipartidista.
Como sea, el hecho es que para que se pueda recuperar la confianza en el poder electoral y en las elecciones como medio eficaz para manifestar la voluntad popular, resolver los conflictos políticos y dirimir democráticamente la lucha por el poder, se necesitan ante todo magistrados que sean árbitros y no operadores políticos y partidistas; personas que sean idóneas pero también decentes y dignas, que cuenten honestamente los votos y que reconozcan la victoria del que realmente gana, quien quiera que sea; personas que, como dice la proclama de la UCD, sean “honestas e independientes, respetuosas de las leyes y de la voluntad popular”.
Y la verdad es que de ese tipo de personas hay muchas en Nicaragua, hasta en los partidos políticos se puede encontrar algunas de ellas, si es que se les busca y se quiere de verdad elegir magistrados electorales independientes, confiables y respetables, por lo menos los que sean elegidos por la oposición.
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