MÉXICO/ EFE
La aprobación de la ley que permite a los matrimonios gays en Ciudad de México adoptar a niños ha desatado la polémica en el país con críticas de la Iglesia católica y grupos conservadores, que planean presentar un recurso de inconstitucionalidad.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el congreso local en la capital, aprobó por una aplastante mayoría reformas a normas civiles que legalizan los “matrimonios de homosexuales”, un reconocimiento que no existe aún en otros países de América Latina.
El cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera, se pronunció ayer de manera pública en contra de esta ley por considerarla “inmoral” y negativa para el núcleo familiar.
El jerarca católico difundió una misiva donde rechaza que estas parejas tenga el derecho de adopción por considerarla “una perversa posibilidad” que no respeta el derecho de los niños a tener una familia constituida por un padre y una madre.
Sin embargo, organizaciones civiles y algunos legisladores criticaron que la Iglesia católica de México trate de “someter a sus criterios” la nueva ley.
“Somos un Estado laico que, si bien es cierto que la Iglesia puede tener una opinión y expresar su punto de vista, otra cosa es que intente utilizarla o valerse de ella como una condicionante”, dijo a Efe el responsable de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Édgar Cortez.
El activista reconoció que esta nueva iniciativa permite avanzar en la aplicación de los derechos humanos en la capital de México, y consideró que, con las adopciones entre estas parejas, “el país se beneficia al dar un paso para el entendimiento de la diversidad”.
México, uno de los países con más católicos en el mundo, es un Estado laico en cuyo Gobierno federal es encabezado desde hace nueve años por un partido conservador. Sin embargo, en la capital del país el poder está en manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática desde 1997.
Aunque la aprobación de la nueva ley ha sido celebrada por la comunidad lésbico-gay mexicana, los cambios que entraña deberán ser ratificados las próximas semanas por el alcalde capitalino, Marcelo Ebrard, y entrarán en vigor una vez publicadas en La Gaceta del Distrito Federal.
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