José Velásquez
En el reciente foro auspiciado por el Diálogo Interamericano de Washington, en el que participaron y expusieron sus ideas destacados miembros de la oposición política nicaragüense, dos realidades se hicieron patentes:
– Que el nefasto culto caudillista continúa incólume, influyendo en las más importantes decisiones políticas e institucionales del país; y
– Que el rol político que las fuerzas opositoras conciben para la comunidad nicaragüense en el exterior es insignificante y hasta cierto punto ignorado.
En lo que se refiere al culto caudillista, solapadamente defendido y justificado por algunos de los panelistas y tolerado a regañadientes por otros, es un tema sociológico difícil de evaluar y mucho menos de analizar en este espacio. Dejemos que los expertos traten de descifrarlo y quizás aconsejarnos cómo deshacernos de semejante maldición.
Pero la persistente apatía al potencial político de la comunidad nicaragüense en el exterior —la que muchos coinciden en estimar en cerca de un millón y medio de personas diseminadas principalmente en Estados Unidos y Centroamérica— carece de toda lógica social y electoral. Una comunidad que, dadas las condiciones y debidamente aplicada la ley, representaría un poderoso bloque de votantes —posiblemente exceda los cien mil votos— con enorme capacidad de contribuir al imperioso desarrollo y fortalecimiento de la democracia en el país.
¿Cómo entonces es posible que, donde sólo una considerable diferencia de votos en la próxima contienda podría forzar a Ortega a aceptar un resultado adverso, se continúe insistiendo en excluir a semejante fuerza política? ¿Por qué, si las leyes ya lo exigen y la infraestructura para realizarlo está disponible, se continúa tercamente privándole a esta comunidad el derecho de participar directamente en la política nicaragüense?
No cabe duda de que hasta la fecha ello ha sido en gran parte producto de un mecanismo de protección de los intereses caudillescos, que obviamente reconocen en este bloque una fuerza independiente difícil de manipular.
Pero ya que, según lo expuesto en el mencionado foro, la primera fase de estrategia opositora es limpiar de toda podredumbre al Consejo Supremo Electoral —bien dentro de las posibilidades de una oposición realmente unida en la Asamblea Nacional—, parecería sesudo incluir en esa estrategia un proceso honesto de inserción política de la diáspora. Uno que comenzase con la cedulación en el exterior, continuase con la votación, también en el exterior, y concluyese con la eliminación de la discriminación constitucional iniciada con el pacto Alemán-Ortega de 1999.
Si la unidad opositora es posible, entonces, una vez limpiado el CSE ¿qué impediría el proceder sin demoras a exigir el cumplimiento de la ley de identificación ciudadana, iniciando así el proceso de inserción? Aparte de voluntad política, nada. Y sería nuevamente un error político mayúsculo que, tal como lo hicieron cínicamente durante el período presidencial pasado algunos diputados del PLC, se introduzcan burdas y malintencionadas iniciativas de reformas a la ley que en aquel entonces le dieron base al CSE para no acatarla.
En el actual momento político nicaragüense se está apostando al futuro democrático del país y al de la estabilidad política y comercial centroamericana. Es el momento en que las fuerzas opositoras al totalitarismo de Ortega se percaten de que no se puede seguir postergando la inclusión de un bloque de votantes cuya participación sería concluyente para asegurar la victoria en la próxima contienda electoral.
La unidad contra Ortega no puede confinarse a lo interno. Tiene que involucrar a la comunidad nicaragüense en el exterior, o el apoyo de ésta se perderá para siempre. [email protected]
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