CORRESPONSAL / COSTA RICA
A la Universidad de Costa Rica (UCR) le preocupa que algunos aspectos de la nueva ley de migración, como el cobro de 100 dólares mensuales a quien se exceda del período de visado, promueva irregularidad entre los inmigrantes.
En conferencia de prensa, la rectora de la UCR, Janeth González, y los sociólogos del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad, Carlos Sandoval y Laura Paniagua, expusieron sus consideraciones a esta nueva legislación que regirá a partir del 1 de marzo próximo.
Aunque esta reforma elimina en buena parte de su contenido el término “seguridad”, vinculado a los inmigrantes y subordina su acción a convenios internacionales de derechos humanos, establece el cobro de una multa de 100 dólares al extranjero cuya estancia en el país sea de modo irregular.
“Estas multas fueron pensadas con el propósito de evitar indocumentación, pero puede propiciar la irregularidad”, señaló Sandoval, al explicar que las multas no sólo aplican a quienes vivan en el país con visa vencida, sino a residentes legales que no renueven su cédula o permiso de trabajo.
ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO
Otro aspecto que a la UCR le preocupa, es que la nueva ley establece el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como requisito para realizar todo trámite migratorio.
“Esto constituye un requisito fuera de razonabilidad”, indicó Sandoval, al explicar que en el país cada vez crece la morosidad patronal, el empleo informal y que hasta hace cuatro años el 61 por ciento de la Población Económicamente (PEA) Activa estaba registrado ante la CCSS.
Otro señalamiento es la potestad que esta legislación concede a la policía migratoria, de detener de forma indefinida a inmigrantes en condición administrativa irregular, creando la duda si esta facultad es exclusivamente del Poder Judicial.
La posibilidad de que el director de Migración y Extranjería pueda delegarse en otra persona, también causa inquietud a la UCR, pues se formula en términos laxos que podría dar lugar a abusos.
Paniagua explicó que esta nueva ley no tomó en cuenta a los núcleos familiares que desean documentarse, dado que para una familia de cinco miembros —por ejemplo— es muy costoso documentarse porque en la actualidad el conjunto de documentos y procedimientos para regularizarse cuesta entre 300 y 350 dólares por persona.
DOCUMENTO NICA MÁS CARO EN COSTA RICA
Hizo énfasis en que la autenticación de un documento en el Consulado costarricense cuesta 40 dólares, proceso que podría eximirse si Nicaragua facilita la obtención del pasaporte ordinario.
La universidad criticó que en Managua un pasaporte provisional cueste 20 dólares y en Costa Rica 55, lo cual impide que muchos inmigrantes con pocos recursos puedan obtenerlo. También criticó el poco avance en la cedulación de los nicaragüenses y las dificultades en los registros, sobre todo incompatibilidad en nombres y apellidos de las personas.
Según Sandoval, en Costa Rica viven alrededor de 450 mil nicaragüenses. De esta cantidad, una tercera parte está en condición migratoria irregular, pero la mitad de ellos tienen opciones para regularizar su condición en el país, pero los altos costos se lo impiden.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
