Los miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Independientes (CGT-i), fueron desalojados la tarde de ayer del plantel TRAKSA-Batahola, ubicado en las cercanías del Zumen, al oeste de Managua.
El desalojo es considerado como anormal por los miembros de la CGT-i, debido a que siempre cumplieron con el contrato de arriendo, pero además, porque la Cornap (Corporaciones Nacionales del Sector Público) no reconoce lo que los inquilinos invirtieron en la propiedad durante los nueve años de alquiler.
[/doap_box]
Lino Salazar, secretario general de la CGT-i, afirmó que los 30 mil trabajadores afiliados a 60 sindicatos, aportaron unos 25 mil dólares en casi diez años, para restaurar el edificio.
Sin embargo, denunció que Carmen Reyes García, presidenta de la Junta General de la Cornap, solamente ofrecía diez mil córdobas en pago por las mejoras, es decir, una diferencia superior al medio millón de córdobas en comparación con lo que los sindicalistas invirtieron.
“Cuando nosotros venimos esto era sólo escombros, nosotros lo rescatamos, pusimos agua, luz, hicimos que funcionara, y ahora, con la política de ‘reconciliación’, nos tiran a la calle, porque somos un estorbo para ellos”, dijo Salazar.
La CGT-i empezó pagando 85 dólares mensuales a la Cornap por el arriendo. Hoy en día el pago era de 200 dólares.
Había una propuesta de que el arriendo subiera a los 500 dólares, pero el fondo del asunto aparentemente era sacar a los sindicalistas del lugar.
El objetivo de la Cornap supuestamente es ocupar todo su edificio para las operaciones de Albanisa, tanto en su versión original, como en sus derivaciones de Alba Transportes y Alba Equipos, además de la Caja Rural Nacional (Caruna).
Ambas empresas están relacionadas con la pareja presidencial de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo.
Reyes es esposa de Francisco López, tesorero del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y gerente general de Albanisa.
Reyes había enviado una carta la tarde de ayer a los CGT-i, en la que mostró disposición de arreglar el problema.
En la misma ofrecía a los sindicalistas un lugar similar al plantel TRAKSA-Batahola, pero contiguo a la Refinería.
Por su parte, Salazar dijo que se trataba de una carta “trampa”, porque no se les dio la oportunidad de responderla, ya que un juez suplente llegó a desalojarlos sin previo aviso, contando con el apoyo de la Policía Nacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
