Decenas de productores de sal del occidente del país, agrupados en la Cooperativa de Servicios Múltiples de Salineros de Nicaragua (Coosermusalnic), protestaron frente al complejo Concepción Palacios, sede central del Ministerio de Salud (Minsa), para exigir la puesta en vigencia de la Ley 638 o Ley para la Fortificación de la Sal con Yodo y Flúor, aprobada por la Asamblea Nacional en el 2007.
Los protestantes expresaron que debido a la creación de la ley invirtieron dos millones 500 mil dólares en la instalación de la planta procesadora Nica Sal, ubicada en el empalme Nejapa-Izapa de la Carretera Nueva a León. Sin embargo, no pueden comercializar su producto porque la ley aún no se empieza a aplicar y es el Ministerio de Salud que literalmente debe dar “luz verde” para que entre en vigencia.
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El proyecto se comenzó a crear desde 1990, pero fue hasta en el 2004, durante el período presidencial de Enrique Bolaños, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a cooperar con 400 mil dólares. El dinero lo recibieron en el 2007 durante el primer año de gobierno del presidente Daniel Ortega. El resto de la plata la consiguieron en base a préstamos en la banca nacional y asociándose con empresas como Agricorp, quien se encarga de distribuir alimentos básicos.
MILLONES FAVORECIDOS
Róger López, presidente de Coosermusalnic, expresó que la sal que ellos procesan es de buena calidad, pues está fortificada con yodo y flúor, con lo que se evitarán afectaciones en tiroides y huesos a los consumidores, contrario a la que vende un grupo reducido de procesadores artesanales que “es negra y no es fina”.
La libra de sal, debido a los procesos de mejora, ahora tendrá un costo de tres córdobas al consumidor, es decir un córdoba más que la sal que es procesada sin cumplir los requisitos de la Ley 638, aprobada hace dos años. “La ley viene a beneficiar a los casi seis millones de habitantes del país, porque ésa es una sal fortificada, lleva un proceso industrial que anteriormente era imposible de tenerlo por los altos costos, la planta la trajimos de Barcelona, España, pero hoy tenemos cuatro meses de estar trabajando y no podemos vender la sal porque el Gobierno aún no aplica la ley”, dijo López.
Agregó que la cooperativa agrupa a 110 socios, de al menos 120 productores de sal de esa zona de occidente. Cada año Coosermusalnic produce un millón 500 mil quintales de sal, un 95 por ciento de lo que se estima es la producción nacional.
ATENTA CONTRA CICLO PRODUCTIVO
López indicó que es necesario que entre en vigencia la ley, porque así estarán seguros de entrar de lleno a la preparación del próximo ciclo de producción, que va de noviembre al mes de abril, cuando ya inician a sacar la sal. De suceder lo contrario, al menos cinco mil personas —obreros, socios y familiares— estarían siendo afectadas.
“Ya estamos por comenzar el ciclo de producción y no contamos con financiamiento, nadie quiere prestar dinero si la ley no está vigente, hay en juego 50 millones de córdobas en esta nueva zafra”, dijo Óscar Vanegas, gerente de Nica Sal.
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