TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
La Procuraduría General de Honduras entregó hoy al Congreso Nacional su opinión sobre si debe o no restituirse en el cargo al depuesto presidente Manuel Zelaya, incluida en un informe de sus actuaciones contra él antes de que fuera derrocado por el golpe de Estado el 28 de junio pasado.
La procuradora general, Rosa Miranda, entregó el documento en la Secretaría del Congreso, pero, según declaró a los periodistas, por «respeto» al Parlamento no precisó en qué sentido se pronunció la institución, que es la oficina legal del Estado.
El Congreso, que está en receso por la campaña para las elecciones del próximo día 29, no ha anunciado fecha para debatir el caso de Zelaya, pero su presidente, Alfredo Saavedra, ha dicho que convocará una reunión cuando tenga los dictámenes que ha pedido a diversas instituciones del Estado, de los que le faltan dos.
El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, dijo hoy a los periodistas que «a mediados de la próxima semana se estará llevando al Congreso Nacional la opinión del Ministerio Público», mientras que la Corte Suprema de Justicia no ha dicho cuándo mandará la suya.
Miranda explicó que su informe «recoge las actuaciones en las que intervino la Procuraduría en la demanda que interpuso el Ministerio Público a raíz del proyecto denominado cuarta urna y que después se volvió una convocatoria a una Constituyente» por parte de Zelaya.
Indicó que, aunque «no nos pidieron ningún dictamen ni ninguna opinión» sobre si Zelaya debe ser restituido o no en la Presidencia, la Procuraduría «consideró necesario poner una conclusión al respecto (…), eso lo manifestamos en el informe como una conclusión, pero no lo puedo decir».
La funcionaria matizó que su informe no es vinculante, sino que «es más ilustrativo, para que ellos (los diputados) se formen un criterio para tomar las decisiones que estimen que son más convenientes para el país».
Según el Gobierno interino, los militares derrocaron a Zelaya por un mandato judicial dentro del proceso incoado contra él por el Ministerio Público por impulsar una consulta destinada a promover una Asamblea Constituyente que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado, entre ellos la Procuraduría.
La consulta iba a celebrarse el 28 de junio, pero fue frustrada por el derrocamiento de Zelaya, quien fue sustituido al frente de la Presidencia por Roberto Micheletti, por designación del Parlamento ese mismo día.
El informe de la Procuraduría es el segundo que el Congreso recibe de los órganos del Estado, a los que pidió pronunciarse antes de debatir sobre la restitución de Zelaya en su cargo, como establece el acuerdo firmado el 29 de octubre por comisiones del presidente depuesto y de Micheletti, y que no fija al Parlamento un plazo para hacerlo.
El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, entregó su informe la semana pasada, y están pendientes los de la Corte Suprema y el Ministerio Público.
Zelaya dijo el sábado, en una carta que envió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ya no acepta «ningún acuerdo» sobre su restitución en el poder, aunque después matizó que no significa que renuncie a volver a la Presidencia.
«A partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la Presidencia», porque sería «encubrir el golpe de Estado», expresó Zelaya en la misiva a Obama.
En declaraciones que hizo ayer a Acan-Efe, Zelaya aseguró que «esta semana el Congreso Nacional pretende, es una pretensión, aceptarle la renuncia a Micheletti y colocar una tercera persona y sacarlo impune».
Pidió a «la comunidad internacional que no vaya a avalar una acción de esas, porque será una prueba más de una complicidad de buscarle una salida ilegal al golpe de Estado».
Zelaya eludió responder si aceptará o no su restitución en el poder ante una eventual decisión del Congreso, ya sea antes o después de las elecciones.
