Los zelayistas se manifestaron ayer a las puertas del Congreso, en cuyas manos está la restitución de Manuel Zelaya.
TEGUCIGALPA/ ACAN-EFE
Honduras espera hoy la llegada de los verificadores internacionales del Acuerdo Tegucigalpa-San José en medio de fuertes discrepancias entre el presidente depuesto, Manuel Zelaya, e interino, Roberto Micheletti, sobre la interpretación del pacto en lo referente a la restitución de aquél.
Al ex presidente chileno Ricardo Lagos y a la ministra de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, nombrados por la OEA para conformar una Comisión de Verificación y que llegan este martes, les espera una ardua labor, con las dos partes enzarzadas en una discusión sobre los plazos y qué pasaría si el Congreso no restaura al depuesto gobernante.
Para Zelaya, si el Legislativo, a quien el acuerdo solicita que decida si debe o no volver a la presidencia, vota en su contra o incluso si no lo ha restituido para el jueves, cuando debe conformarse un Gobierno de Unidad, el pacto quedaría roto.
Sin embargo, el Gobierno de facto asegura que Zelaya, que fue derrocado por los militares y destituido por los diputados el 28 de junio, está obligado a aceptar la decisión del Parlamento, incluso si es que no vuelva a la presidencia.
“Todos aceptamos que es vinculante sea cual sea la decisión” del Legislativo, aseguró ayer Arturo Corrales, miembro de la comisión de Micheletti y representante de éste en la Comisión de Verificación.
“El consenso de ambas comisiones fue que lo que el Congreso decida lo respetamos las partes, las comisiones (de Micheletti y Zelaya) y los protagonistas de este acuerdo, y asimismo, la comunidad internacional”, añadió Vilma Morales, portavoz de la delegación de Micheletti.
El representante de Zelaya en la Comisión de Verificación, Jorge Reina, dijo a medios locales que no quiere pronunciarse sobre qué consecuencias tendría una votación del Congreso en contra de la restitución “porque es tan grave lo que hay enfrente que la especulación puede alimentar (más) gravedad”.
Zelaya expresó ayer en un comunicado que la crisis política propiciada por su derrocamiento se debe superar revocando el golpe de Estado y que el cargo del presidente “no está en discusión”.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
