Tegucigalpa/ACAN-EFE
Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras, propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti, comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi siete días las negociaciones hasta que esta semana una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que “Ambas comisiones negociadoras (la de Zelaya y la del presidente de facto, Roberto Micheletti) hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional (…) resuelva en lo procedente con respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, fecha del golpe de Estado contra Zelaya.
Zelaya aseguró en conversación telefónica con ACAN-EFE desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra encerrado desde el 21 de septiembre, que esto significa “pedirle al Congreso con respeto que retrotraiga la situación, es decirles: señores, con todo respeto, vuelvan al Estado de Derecho y dejen la ilegalidad”.
“Eso es una solicitud que se ha hecho de ambas partes”, añadió.
Sin embargo, el gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que el acuerdo “no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso”.
JUEGO SUCIO
Para Zelaya, esta interpretación sería “un juego doble, un juego sucio y un juego absurdo, poco inteligente” y “los pondría a ellos (las autoridades de facto) muy mal ante la comunidad internacional”.
“Me parece que el espíritu del acuerdo está totalmente claro, las posiciones de la comunidad internacional, del pueblo hondureño y la mía están totalmente claras y ahora es responsabilidad del Congreso revertir el golpe o continuar con el golpe”, indicó.
“Si no se revierte el Golpe de Estado, entonces el acuerdo se va a romper, el acuerdo sería nulo y sería lógicamente un absurdo el acuerdo”, advirtió.
El mandatario depuesto considera, además, que su restitución debe producirse antes del jueves, fecha límite para la instalación de un “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”, según el acuerdo, que no obstante no señala quién debe presidirlo.
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