- CPT y CTN-Autónoma señalan persecución y despidos en empresas privadas del orteguismo
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Dirigentes del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) y de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN-Autónoma) aseguran que la persecución y los despidos ilegales de sindicalistas que promueve el Gobierno, en complicidad con el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) para “borrar del mapa” a los sindicatos que no son de su agrado, resulta insignificante al compararla con la política de repudio total hacia las organizaciones gremiales que existen en las empresas del sector privado ligado al Gobierno.
Además, les llama la atención que la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE) y dirigentes de organizaciones afiliadas a la Central Sandinista de Trabajadores (CST), ahora denuncien esta práctica, cuando la acogieron, apoyaron y fueron parte de ella desde que el Gobierno la impuso en enero del 2007.
Nilo Salazar, secretario general del CPT, asegura que las empresas privadas afines al orteguismo, de manera especial las que forman parte del imperio Alba, sólo contratan a trabajadores sandinistas y el que se atreve a reclamar es despedido de inmediato.
Salazar manifiesta que, igual que en las instituciones del Estado, en esas empresas privadas su gente también ha sentido lo que significa “no ser afín” al partido de gobierno. “Especialmente porque en muchas empresas les dicen que para darle el trabajo tienen que presentar su carné de militante del FSLN”.
ALBANISA LANZA PUERTAS A SINDICALISTAS
Señaló que al Sindicato de Carpinteros, Albañiles y Armadores (SCAA) de Nagarote, afiliado al CPT, en la empresa Albanisa no se le permitió nunca ni siquiera entrar a las instalaciones. “Ahí el hecho de que una organización sindical se acerque, y principalmente como nosotros, ahí nos cierran las puertas”, dijo Salazar.
Manifestó que algo similar ha ocurrido en el proyecto conocidos como Casas para el Pueblo. “En el que está ubicado frente al Mercado de Mayoreo llegó un dirigente y en cuanto lo vieron pusieron militares en la puerta, reforzaron la seguridad y dijeron que ahí al sindicalismo no lo aceptan para nada. Que ahí es prohibido que un dirigente sindical ponga los pies. Lo hacen porque han hecho y desecho con los trabajadores”, sostiene Salazar.
Salazar agregó que otras empresas privadas en las que las organizaciones independientes no son bien vistas es la Constructora Lacayo-Fiallos. “Ahí tienen preferencia por los sindicalistas y las organizaciones sandinistas”, dijo.
“ENEMIGOS DEL GOBIERNO”
Según Salazar, en las instituciones del Estado y en las empresas privadas afines al partido de gobierno, todo el que reclama sus derechos es señalado de ser enemigo del Gobierno.
Lamenta que la represión sindical siga creciendo también en las Zonas Francas y que, a pesar de tener un gobierno que se dice defensor de los trabajadores, de la libertad sindical, de organización y el respeto de los derechos humanos, cada vez esté más deteriorada y que a casi tres años del mandato de Ortega, son más los desempleados, los que tienen que emigrar en busca de un trabajo y los que continúan ganando salarios miserables que no permiten garantizar ni siquiera la canasta básica.
“Represión no es sólo que lo corran a uno de un centro de trabajo, represión en sí es todo un sistema que de una u otra manera actúa en contra de los derechos de los trabajadores, desde que no consiguen un trabajo, no tiene buen salario ni buena atención médica y nadie se preocupa por él. Eso es represalia total”, alega Salazar.
UNA CUCHARADA DE SU PROPIA MEDICINA
En cuanto a las denuncias de persecución y despidos hechas por la CST-JBE y la CST, Antonio Jarquín, Secretario General de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN-Autónoma), las califica como “hipocresía”, ya que los señala de cómplices del oficialismo en la desintegración de más de 30 sindicatos afiliados a la CTN-Autónoma, 22 de éstos en las instituciones del Estado.
Detalla que con la maniobra de perseguir y despedir a sus dirigentes, desde enero del 2007 a la fecha se han eliminado: 2 sindicatos en el INSS y despedido a más de 70 empleados, 5 en Enacal, 2 en Mifamilia, 2 de la DGI, uno en Telcor y otro en la Empresa Panzyma.
“Son unos hipócritas porque ellos han apoyado a Walter Porras, Orlando Castillo, Roberto López, Ana Lazo y a todos los funcionarios que violan los derechos de los trabajadores”, afirmó Jarquín.
Agregó que la “represión contra las organizaciones sindicales se ha institucionalizado en el país y lamentó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actúe con negligencia. Señaló como ejemplo el caso 26-3, referido a la denuncia de despidos de dirigentes sindicales. “Desde octubre del 2007, la OIT está pidiendo al Gobierno una explicación de los hechos para pronunciarse en el caso, pero que el Gobierno ignora los llamados y la OIT no hace nada por forzarlo a responder. “La OIT está actuando como el sistema judicial nicaragüense, tardío y viciado”, alegó Jarquín.
Salazar y Jarquín coinciden en que “por algún motivo, que podría ser afinidad política”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha parcializado a favor del Gobierno.
Explicó que todas las arbitrariedades cometidas contra los trabajadores han sido denunciadas ante las autoridades y, aunque las resoluciones de jueces y magistrados son de “ineludible cumplimiento, los funcionarios las ignoran”, afirmó al mostrar un legajo de documentos de ese tipo que no han sido acatados.
“El Mitrab, aunque nadie le hace caso, ha venido actuando no como deseamos, pero en algunos casos lo hace bien. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, que tarda dos años en emitir una sentencia de primera instancia. El tribunal resuelve a favor del trabajador, pero nadie le hace caso”, se quejó Jarquín.
Agregó que otra instancia a la que pueden acudir los despedidos es la Corte Centroamericana de Justicia, pero ahí enfrentan dos limitantes. La falta de recursos para cubrir los gastos de los abogados y cuando los tienen, la falta de profesionales valientes que no tengan miedo de enfrentarse al Gobierno. “Muchos abogados, aunque les ofrecemos hacer los escritos, dicen: es que nos podemos colorear con el Gobierno”, denunció Jarquín.
