- En Argentina
El gobierno de Cristina Kirchner consiguió que el Congreso convirtiera en ley un polémico proyecto que impone límites al monopolio de medios audiovisuales, amplía regulaciones estatales y define la actividad como “social y de bien público”.
La norma, resistida por parte del arco opositor y apoyada por organizaciones sociales, rompe el monopolio en los medios audiovisuales al limitar la cantidad de licencias de radio o de televisión que puede operar una misma empresa e imponerles el plazo de un año para adecuarse a la nueva normativa, lo que generó el rechazo de los empresarios mediáticos.
También establece mayor participación estatal en la autoridad de aplicación de la ley que estará a cargo de un organismo compuesto por siete miembros, dos de ellos bajo designación directa del Poder Ejecutivo, tres elegidos por el Congreso Nacional y el resto por un Consejo Federal.
La nueva norma reemplaza a la aprobada durante la última dictadura (1976-1983) y que, según legisladores oficialistas, favorecía la concentración de los medios de comunicación en pocas manos.
El oficialismo obtuvo la aprobación gracias a una alianza de legisladores que responde a la presidenta peronista Cristina Kirchner y que reunió 44 votos contra 24 en la votación en general tras un arduo debate de 20 horas que concluyó la madrugada del sábado.
La ley define en sus artículos a los medios audiovisuales como licenciatarios de “una actividad social y de bien público”.
Uno de los artículos más resistidos por las empresas es el que limita a diez las licencias que puede operar una misma empresa y establece que el licenciatario de una señal de televisión abierta sólo puede operar a la vez una señal de televisión paga.
La ley también avanza sobre los contenidos de la programación al establecer pautas mínimas de producción nacional tanto en programas de radio y televisión como en emisión de música.
