- Decreto que las limita sigue vigente
TEGUCIGALPA/AFP
Las libertades civiles siguen limitadas en Honduras, pese a que el gobierno interino derogó hace tres días un decreto que las restringía, denunciaron ayer autoridades judiciales y activistas políticos.
“La situación es muy grave, se ha creado una nebulosa jurídica porque la resolución que suspende el decreto no ha sido publicada en La Gaceta (diario oficial) y la Corte Suprema de Justicia tiene parado el conocimiento de muchos recursos de amparo”, dijo a la AFP la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce.
La Fiscalía “ya ha agotado internamente todo lo que puede hacer”, aseguró Ponce, quien no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que valore la situación.
Al amparo del decreto, emitido hace cerca de dos semanas por el gobierno de facto, se ha impedido a los opositores hacer manifestaciones públicas y se cerraron los dos únicos medios abiertamente opuestos al régimen, la radioemisora Globo y el canal 36 de televisión.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, resolvió derogar el decreto el pasado lunes, a solicitud del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos, que expresaron su temor de que se vieran afectados los comicios previstos para el 29 de noviembre.
Sin embargo, las medidas restrictivas se siguen aplicando con el argumento de que el decreto no ha sido publicado en el diario oficial, por lo que sigue vigente.
El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, explicó que el retraso en la publicación del nuevo decreto se debe a que la rotativa del periódico se descompuso, pero no hizo ninguna estimación sobre cuándo será resuelto el problema.
“Lo más grave de todo es que se mantienen cancelados los dos medios de comunicación, en detrimento de los derechos de expresión del pensamiento y de acceso a la información”, dijo.
Ponce afirmó que el decreto que restringió las libertades públicas violó claramente la Constitución, “que excluye a los medios de comunicación del catálogo de derechos que pueden ser suspendidos o restringidos”.
El dirigente popular Rafael Alegría aseguró que el levantamiento del decreto no fue más que “un acto de apariencia, para hacer creer al pueblo hondureño y la comunidad internacional que la situación política del país se estaba normalizando”.
