El diputado liberal Eduardo Montealegre, principal líder de la oposición democrática al régimen autoritario de Daniel Ortega, solicitó al Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, que ponga fin a la farsa judicial por el caso de los Cenis, en la cual, además de Montealegre se ha implicado a 38 personas más, entre ellas el director de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal.
La petición de Montealegre al Fiscal General, de que cancele la acusación por los Cenis, es “debido a los intereses políticos que existen detrás del proceso”, a que es “parte de una persecución política”. En realidad así lo comprueba el hecho de que el fiscal acusador funda su acusación contra Montealegre en que éste no vendió sus acciones en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) y por lo tanto siguió recibiendo los dividendos correspondientes, pero la Dirección General de Ingresos (DGI) le está cobrando “casi 40 millones de córdobas (aproximadamente 2 millones de dólares) por la venta de las mismas acciones de Bancentro”.
La certeza de que el juicio de los Cenis es una farsa judicial de carácter político, maquinada para reprimir a Eduardo Montealegre y sacarlo de la competencia política con Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, existe desde que se montó este tinglado. No es por casualidad que al no haber podido, todavía, despojar a Eduardo Montealegre de la inmunidad procesal que lo protege por ser funcionario público parlamentario, el juicio por el caso de los Cenis se ha tenido que mantener en receso. Es que los demás implicados por el fiscal orteguista en este juicio —salvo don Jaime Chamorro Cardenal por su carácter de director de LA PRENSA , a la cual se le castiga por su lucha en defensa de la libertad y la democracia y sus denuncias de la corrupción orteguista—, no le interesan al régimen represivo de Daniel Ortega. Todos los otros acusados fueron incluidos en el proceso como “relleno”. Inclusive, a algunos de ellos les han hecho saber que no tienen por qué preocuparse, pues el asunto no va contra ellos.
También se ha demostrado con absoluta claridad, que la acusación contra Eduardo Montealegre por el caso de los Cenis es una maquinación política que montó la cúpula del PLC para desacreditarlo personalmente, y tratar de sacarlo de la contienda electoral presidencial de 2001 y facilitar el triunfo del candidato de dicho partido, lo que al fin ni lo pudieron lograr. Así lo han revelado el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy; el magistrado del Consejo Supremo Electoral, José Marenco; el diputado Enrique Quiñónez; el ex diputado Fernando Avellán y el ex presidente del Banco Central de Nicaragua y ahora diputado centroamericano, Noel Ramírez Sánchez, todos los cuales han sido miembros de la cúpula del PLC.
Realmente, como señalamos en el comentario editorial “El proceso de Managua”, que fue publicado el lunes 22 de junio del año en curso cuando el gobierno de Daniel Ortega instaló oficialmente este juicio: “Independientemente de que se hubiera cometido delito o no en el caso de los Cenis, lo cual sólo podría ser demostrado por un tribunal imparcial y honesto, no por un juez y un fiscal orteguista, lo que está absolutamente claro es que la acusación contra Eduardo Montealegre constituye un burdo montaje político, tal como lo han reconocido prominentes miembros del actual Gobierno incluyendo al presidente de la Contraloría. Y en el caso del director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, se trata de una acusación absolutamente falsa y absurda que sólo puede caber en mentes enfermizas, totalitarias y estalinistas”.
Ahora, ante tantas evidencias de que el juicio por el caso de los Cenis no es más que una burda farsa judicial, Montealegre ha instado al fiscal general, Julio Centeno Gómez a que desista de la acusación, y “a que no permita que por politiquería ciertos funcionarios sigan desprestigiando a la Fiscalía General de la República”. Esta demanda de Eduardo Montealegre es justa y apegada a derecho. Si el Fiscal General la atendiera, podría reparar al menos en parte la grave injusticia que se ha cometido. Y al acercarse el fin de su período como titular del Ministerio Público, aprovecharla para salir de su alto cargo montado en el caballo blanco de la dignidad. Ésta es su gran oportunidad.
