- Gobierno de facto habla de perdonar delitos políticos, pero no otros, de tipo penal, que merecen condenas de entre 6 y 20 años de prisión
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El gobierno de Roberto Micheletti, quien asumió el poder tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya, dijo ayer que analizan perdonar los delitos políticos presuntamente cometidos por el depuesto gobernante, pero no así los de carácter penal.
El ministro de Información, René Zepeda, dijo a la AP que “una amnistía de tipo político quizás la podría aprobar el Congreso para beneficiar a Zelaya”, pero señaló que el mandatario derrocado “enfrenta otros cargos penales, a los que no corresponde un perdón”.
Indicó que “el gobierno del presidente Micheletti no contempla ningún perdón por delitos comunes a favor del señor Zelaya. Eso está en la esfera de la justicia, a la que el nuevo mandatario no puede penetrar”.
Hizo alusión así a que la Fiscalía encausó el 25 de junio a Zelaya por cuatro delitos: atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpar funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.
“Atentar contra la forma de gobierno y traición a la patria son delitos políticos”, dijo a la AP la portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix. “Sin embargo, los otros dos no tienen esa modalidad, son penales”.
Según la acusación, Zelaya intentó reemplazar el actual gobierno representativo y democrático hondureño por otro sistema político que no especificó, aunque él siempre elogió lo que llamó “el socialismo del siglo XXI”, impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez.
TRAICIÓN A LA PATRIA
Para la Fiscalía, Zelaya traicionó a la patria cuando convocó a una “consulta popular” para convocar una Constituyente que reformara la ley fundamental, que puede ser modificada, con excepción de siete artículos sobre sistema político, soberanía de territorio y reelección, entre otros.
La pena por cambiar el sistema político hondureño oscila entre 6 y 12 años en prisión y por traición va de 15 a 20 años.
NUEVO CANCILLER
Carlos López Contreras, quien asumió ayer la Cancillería hondureña en reemplazo de Enrique Ortez, aseguró que la eventual amnistía de Zelaya “es una competencia” del Parlamento y el Poder Judicial y no del Gobierno.
“La amnistía es un tema que se ha venido ventilando, pero no es competencia realmente del Gobierno”, declaró López, tras detallar que dicho beneficio “normalmente es una competencia del Congreso Nacional, en coordinación con un procedimiento judicial que conoce el Poder Judicial de Honduras”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, declaró poco después de iniciarse la crisis política que la amnistía “es una posibilidad” tanto para Zelaya como para “otros actores involucrados” en el conflicto.
La supeditó, sin embargo, a que se logre una solución al conflicto político en el diálogo que se ha instalado en Costa Rica con el auspicio del presidente de ese país, Oscar Arias.
El titular de la CSJ ha anticipado que la posible amnistía sólo sería por delitos políticos, no penales.
