El ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro, se reunió ayer en Washington con una veintena de congresistas estadounidenses para explicar con la Constitución en la mano los motivos de la destitución de Manuel Zelaya.
Maduro, quien fue presidente entre 2002 y 2006, subrayó que Zelaya está acusado de varios delitos por el Poder Judicial del país y ha sido destituido por el Congreso en virtud de varios artículos de la Constitución.
En concreto, hizo referencia al artículo 239 que estipula que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado”.
“El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”, agrega el artículo.
LA CUARTA URNA
El día del golpe de Estado, Zelaya había convocado una encuesta para preguntar a los electores si aceptaban una cuarta urna en las elecciones de noviembre para votar sobre una Asamblea Nacional Constituyente encaminada a reformar la Carta Magna en 2010.
Según los opositores de Zelaya, esta consulta, que había sido declarada ilegal por el Parlamento, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, permitiría abrir una vía para la posible reelección.
“La gente sólo despertó cuando escuchó que los militares habían tomado parte, pero todo el mundo estaba diciendo que (Zelaya) se estaba saltando la Constitución”, dijo Maduro durante una reunión organizada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
GOLPE ATÍPICO
El ex presidente subrayó que “no es el clásico golpe militar porque no ha habido ruptura del orden constitucional” y el nuevo presidente, Roberto Micheletti, ha sido instaurado en el Gobierno por el Congreso, resaltando que “ningún militar” está en el poder.
También se refirió al artículo 306 que indica que “los órganos jurisdiccionales requerirán en caso necesario el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones; si les fuere negado o no lo hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos”.
