Reaparece la “magnífica” y con más agravantes

Algunos entrevistados afirman que durante los años del somocismo, antes de 1979, todos los empleados públicos estaban afiliados al Partido Liberal Nacionalista (PLN). Sin embargo, José Venancio Berríos, presidente de la Fundación Pro Voto, quien es señalado por varios políticos como un activista liberal de aquellos años, y que además ocupó los cargos de Fiscal General y Director del Seguro Social, niega que en “aquellos tiempos” hayan existido presiones para afiliarse al partido del dictador Somoza.

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  Para Roberto Courtney, director ejecutivo del grupo cívico Ética y Transparencia (EyT), es “grave y bochornoso” que a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, donde la no discriminación, no preferencia y la independencia política es clave para su funcionamiento, haya llegado la afiliación masiva, porque manda el mensaje de que la justicia no es independiente y crea desigualdad y discriminación de las personas ante la ley.

  Es médico y trabaja para un hospital público, y aunque se confiesa “somocista”, hace unas semanas Roberto recibió su carné de militante sandinista. Ahora, con el carné entre sus manos, se ríe, porque considera que el cartoncito le aseguró su trabajo y le puede servir para otras cosas.

  “Uno nunca sabe lo que puede venir”, dice este médico que trabaja para el Ministerio de Salud (Minsa) y quien pidió ocultar su identidad por razones obvias.

  Se dice liberal y seguidor de Eduardo Montealegre. Viene de una familia somocista y antisandinista, porque varios de sus parientes (incluido su padre) fueron apresados tras la caída de la dictadura en 1979, por relaciones de amistad con la familia Somoza.

  “Tengo razones suficientes para no ser sandinista, pero unos amigos que tampoco son sandinistas me animaron a sacar la militancia, por temor a lo que puede venir con este Gobierno y a las represalias que se puedan derivar por el hecho de no contar con el carné”, afirma.

  Antes que le obligaran a afiliarse, decidió junto a dos amigos, que también trabajan para el Estado, adelantarse a los hechos. Acudieron a las oficinas del partido Frente Sandinista (FSLN), en su distrito, a solicitar el carné de militantes.

  “Llegamos con la foto, las cédulas, nos juramentaron rapidito con la mano alzada y nos dieron el cartón”, recuerda risueño, por su parte, José Manuel, mientras saca de su billetera “la magnífica” sandinista para mostrarla y asegurar que espera le sea “de provecho en algún momento”.

  Con el carné en sus manos, aún no entienden cómo, siendo unos desconocidos, que nunca habían participado en actividades políticas, les entregaron la militancia de inmediato. Y están seguros de que, por su propio bienestar, hicieron lo correcto al seguirle el juego al Gobierno.

  “Soy liberal y no tengo remordimientos, al fin de cuentas es un simple cartón y mi voto siempre será para los liberales”, afirma Roberto.

  GARANTIZAN SU TRABAJO

  Para Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliada a la CUS (Central de Unidad Sindical), la historia de estos dos servidores públicos y de otros miles, que aunque no se han adelantado a buscarlo como lo hicieron ellos, lo han recibido “sonrientes y felices” de las manos de sus jefes, es muy fácil de entender. Simplemente están protegiendo sus trabajos.

  Leiva dice que en la actualidad la prioridad de cualquier empleado es proteger su plaza, ya que de los 26 mil servidores públicos que al 10 de enero del 2007 se encontraban registrados en la Dirección de Función Pública del Ministerio de Hacienda, aproximadamente 10 mil han sido despedidos.

  “Ésa es razón suficiente para buscar el carné. No vas a esperar que aparezcan las presiones para recibirlo. En cuanto te lo ofrezcan, muy sonriente vas a decir que sí”, manifiesta.

  Efectivamente, muchos empleados consultados niegan que existan presiones directas, pero coinciden en que tener la afiliación les da tranquilidad.

  El dirigente dice que han recibido múltiples denuncias de empleados que consideran que integrarse a los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) de su institución, o afiliarse al Frente Sandinista, son las únicas opciones que les quedan para no poner en riesgo sus puestos de trabajo, y además se sienten con las manos atadas, ya que en el país las instituciones encargadas de velar por el respeto a las leyes y los derechos de los trabajadores están a cargo de funcionarios sandinistas.

  “Sin embargo, en estos momentos estamos agotando la vía ordinaria nacional. Pronto estaremos interponiendo demandas internacionales contra el Estado de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violación a los derechos de los empleados públicos”, adelantó Leiva al ser entrevistado por LA PRENSA.

  RETROCESO

  Leiva reconoce que históricamente las plazas en el Estado se han otorgado a través del “favoritismo, la afiliación y la ideología política”.

  Recuerda que para frenar ese abuso, que estaba arraigado como un mal endémico en el país, en el 2004 entró en vigencia la Ley 476, de Servicio Civil y de Carrera Administrativa.

  Lamenta que esa ley sólo haya servido como referente durante tres años y que a partir del 2007 se haya vuelto al estilo anterior; porque, además, la campaña de afiliación masiva emprendida por el Frente Sandinista en los últimos meses es una copia de lo que ocurría durante los años de la dictadura somocista, antes de 1979.

  Roberto Courtney, director ejecutivo del grupo cívico Ética y Transparencia (EyT), considecra que el desempleo tiene “cara de perro” y quienes poseen un trabajo son capaces de hacer lo que sea por mantenerlo.

  Estima que lo más grave de la situación no es que haya reaparecido la “magnífica”, como le llamaban al carné del partido gobernante en los tiempos de los Somoza, para crear ciudadanos de diferentes categorías, sino que volvió con varios agravantes.

  Courtney afirma que se están violando leyes, derechos fundamentales y convenios internacionales, y los empleados públicos y municipales están en la indefensión, porque no tienen a quién recurrir para denunciar estas violaciones, ya que la mayoría de funcionarios encargados de impartir la justicia no vieron problema en afiliarse al FSLN y sin ningún resquemor recibieron su carné.

  NO GARANTIZA NADA

  Para Courtney, la intención del Gobierno es inflar las listas de sus militantes para justificar un número de votos similares, sin recordar que las listas partidarias no sustituyen las elecciones.

  Considera que estas presiones sobre la población pueden revertirse contra el partido de Gobierno, porque cuando se obliga a la gente da la sensación de ser abusado y muchas veces, aunque se logre inflar las plazas y las listas de militantes, a la hora de votar la gente desprecia este tipo de presiones.

  “Se olvidan de que la gran mayoría de los ciudadanos son independientes y que únicamente son fieles a su casa. Si en su casa se necesita el empleo y si portar un carnetito garantiza ese trabajo, nadie se va a negar a llevarlo. Pero salir a votar por la persona que te está humillando, esa es otra cosa”, comentó Courtney.