- Para rechazar la centralización y la persecución a los líderes opositores
Autoridades regionales venezolanas de oposición anunciarán hoy una serie de “acciones” contra la centralización “y la persecución política”, en medio de una huelga de los sectores de salud y educación en demanda de mejoras salariales.
“Los gobernadores y alcaldes democráticos del país se dirigirán a los venezolanos para anunciar nuevas acciones coordinadas contra la re-centralización y la persecución política de la que son objeto líderes electos por el pueblo”, anunció la convocatoria opositora.
Ésta será la primera vez que esas autoridades se presenten unidas a los medios de prensa luego de rechazar individualmente la reciente reforma a la Ley de Descentralización que les quitó diversas competencias, transferidas al Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Asimismo, es su primera comparecencia ante la prensa luego de que la Fiscalía pidiera la semana pasada a la Justicia ordenar la detención del ex candidato presidencial opositor y actual alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, Manuel Rosales, acusado de enriquecimiento ilícito.
El dirigente opositor ha rechazado la acusación, y sostiene que el proceso en su contra responde a “una orden” del presidente Hugo Chávez.
Pese a ganar la mayoría de los 22 gobiernos regionales y de las más de 330 alcaldías del país, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lidera Chávez, no logró obtener el triunfo en zonas económicamente estratégicas, entre ellas la mayoría de ayuntamientos de Caracas y con Rosales la de Maracaibo, así como la gobernación del Zulia y su Legislativo.
Chávez realizó hace una semana la toma de todos los puertos y aeropuertos basado en una nueva regulación que la oposición sostiene que viola de la Constitución que prevé que es “competencia exclusiva de los estados” todo lo relacionado con la “administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo”.
Algunos analistas sostienen que la decisión del Ejecutivo lo que busca es limitar financieramente a las gobernaciones opositoras.
