- Ex agente sostiene que país vecino no dio argumentos convincentes
Costa Rica no convenció en su demanda por derechos de navegación y conexos en el río San Juan ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, al contrario, “se limitó a presentar argumentos contradictorios e inconsistentes” en sus alegatos orales, según el jurista experto en Derecho Internacional y ex agente de Nicaragua ante La Haya para este caso, Mauricio Herdocia.
“Las peticiones de Costa Rica a la Corte fueron una negación de los tratados vigentes, al constituir una enumeración de derechos que jamás le fueron concedidos por Nicaragua, contradiciendo las múltiples veces que dijo que no quería ni pretendía más derechos que los establecidos en el Tratado Jerez-Cañas, de 1858”, subrayó Herdocia.
Durante el proceso ante el tribunal internacional, que inició con la interposición de una demanda en el 2005, Costa Rica insistió en que “no pretende ni una sola gota del río San Juan”. Pero demandó que se permita a todos los costarricenses, sus pasajeros y barcos navegar libremente en el río, con fines de comercio, incluida la comunicación y el transporte de pasajeros y turismo; que se prohíba el cobro de impuestos y el requisito de pasaporte o visa, la detención en puertos fronterizos, entre otras disposiciones nacionales.
“Por una parte reconoce la soberanía de Nicaragua y por otra le niega el derecho de ejercer las facultades de regulación que forman parte de la misma; le indicó que hasta la última gota del río San Juan es de Nicaragua, pero pretendió presentarlo como un río internacional, abierto a la navegación de todas las naciones; alegó supuestas necesidades de utilización del río para poblaciones ribereñas, pero pidió una indemnización contra una Nicaragua de escasos recursos”, reiteró el experto.
Tras las audiencias orales, que concluyeron el jueves, la CIJ cuenta con entre cuatro y seis meses para dirimir el caso, con un fallo inapelable que presentará en una audiencia pública, cuya fecha revelará la Corte.
Una de las demandas de Nicaragua a la CIJ es una declaración que ratifique su soberanía y derechos en el río, como el de dragarlo y devolver sus aguas al curso que existía cuando se firmó el tratado, en 1858.
