- Ya existe un marco regulatorio de la vivienda social, pero falta lo principal: el dinero para construir
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En lo general, la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, aprobada el miércoles en la Asamblea Nacional, está bien pero hacen falta los recursos para construir de forma masiva las casas, dijeron representantes del sector urbanizador.
Alfonso Silva, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), dijo que tal como fue aprobada la ley da las pautas necesarias para estimular la construcción de vivienda y la promoción de vivienda social, pero hace falta lo más importante: los recursos.
“La ley es el instrumento que requeríamos para solucionar los temas de tramitología, para resolver el tema de subsidio a las tasas de interés de la vivienda barata, para resolver los temas de la creación de un fondo de garantías para la determinación de quiénes serán los beneficiados de esta ley”, dijo Silva.
“Qué parte falta para que esto pueda (ser efectivo), y ayer (miércoles) se lo expresamos al presidente en la reunión, hace falta en términos nicaragüenses los reales, porque la banca tiene una oferta limitada en montos de dinero, para colocarla en la producción de viviendas”, subrayó.
Silva señaló que los bancos tienen fondos destinados para créditos de vivienda entre los 10 y 20 millones de dólares, que según él es poco.
“El que tenga 15 millones de dólares, estás hablando de mil casas de 15 mil dólares, que no son muchas; lo que necesitamos es ir a la búsqueda de recursos de largo plazo en mayor volumen”, reiteró.
El sector privado vinculado a la construcción de viviendas ha hecho tres propuestas al Gobierno, para conseguir los fondos y dinamizar el sector. La primera es que se disponga de inmediato de los recursos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que estaba previsto serían destinados para viviendas. Se estima que son unos 30 millones de dólares.
La segunda propuesta es que se aproveche que Nicaragua es copresidente pro témpore del Proyecto Mesoamérica, el cual une esfuerzos de cooperación para el desarrollo e integración de nueve países, para facilitar la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
“Y en ese contexto se supone que se pueden conseguir recursos vía BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), reactivar esa línea”, afirmó Silva.
La tercera propuesta es que de aprobarse los 300 millones que Ortega solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se destine a la banca privada del país y se utilice para financiar al sector productivo y de infraestructura. Sin embargo, el BID ya informó que ese préstamo no será posible.
EFECTO AÚN LEJANO
A criterio del presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), el posible efecto positivo de la nueva ley aún no se sentirá en el sector construcción, porque la implementación de la ley de vivienda social podría empezar en el segundo semestre de este año.
“Ahora hay que proceder rápidamente a reglamentarla y a implementarla, pero para conseguir la plata era necesario tener un marco regulatorio más claro, más transparente, más eficiente”, sostuvo.
Mientras tanto, el sector de urbanizadores continuará su alianza con los bancos privados, para promover la compra de casas, en vista de la crisis que atraviesa el sector.
El mes pasado realizaron una feria de la vivienda con Banpro, en abril harán otra con el BAC y en mayo o junio será con el BDF, informó. En agosto realizarán la feria nacional. Estas ferias son para promover la venta de casas con precios desde 13 mil hasta más de 50 mil dólares.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para seleccionar a los beneficiarios de la Ley de Vivienda Social, se regirán por la Ley 625, o Ley del Salario Mínimo, que establecen las categorías de ingresos por núcleo familiar.
Se considera ingreso bajo cuando se percibe hasta el equivalente a dos salarios mínimos promedio mensual.
Se denomina ingreso moderado cuando se gana entre tres y cinco salarios mínimos promedio mensual.
Se califica como ingreso medio cuando se percibe entre seis y diez salarios mínimos promedio mensual; y se considera ingreso alto cuando se gana más de diez salarios mínimos promedio al mes.
