- Por supuesta amenaza golpista
La Fiscalía de Honduras inició ayer una investigación sobre la supuesta amenaza del presidente Manuel Zelaya de dar un golpe de Estado si el Parlamento no reelegía como magistrada a la esposa de uno de sus funcionarios de confianza.
La coordinadora de Fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, informó a la prensa que “hoy (ayer) mismo se ha iniciado la investigación”, tras denuncias de diputados del gobernante Partido Liberal y miembros del opositor Partido Nacional.
Ferrera adelantó que, en principio, se llamará a declarar a los diputados liberales Wenceslao Lara, Martha Alvarado y Dayana Martínez, que denunciaron a la prensa la supuesta amenaza de Zelaya, a través de emisarios, entre el 24 y 25 de enero pasado.
La funcionaria subrayó que “no podemos apresurarnos a decir que hubo o no delitos”, los cuales “se podrían configurar después de las declaraciones” de los denunciantes. Las versiones de políticos y la prensa sobre la supuesta amenaza circulan desde antes de que, el 25 de enero, el Congreso Nacional eligiera a los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, de 45 propuestos por una junta independiente.
Según esas versiones, cuatro funcionarios de Zelaya pidieron a la bancada liberal que apoyara la reelección de la magistrada Sonia Dubón de Flores, esposa del ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
Lara aseguró que Flores Lanza amenazó con que Zelaya daría un golpe de Estado si no se reelegía a Dubón, lo que rechazaron varios diputados porque no estaba entre los 45 candidatos y se violaría la Constitución.
Alvarado y Martínez respaldaron la versión de Lara, aunque no mencionaron quién formuló la amenaza. Según la prensa, mientras el Congreso cabildeaba la elección de la Corte, la noche del 25 de enero, Zelaya convocaba al Consejo de Ministros y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas se reunía en el Banco Central, frente al Parlamento.
De acuerdo con las diversas versiones, Zelaya iba a emitir acuerdos en Consejo de Ministros para elegir la Corte y disolver el Parlamento con el apoyo de los militares. Los funcionarios de Zelaya sostienen que su planteamiento a la bancada liberal fue que el orden constitucional se rompería automáticamente si no se elegía la Corte el 25 de enero, como manda la Carta Magna, pero que no amenazaron con golpe de Estado.
