No cabe la menor duda de que el presidente Daniel Ortega es el culpable de que la cooperación externa con Nicaragua sea congelada, reducida o suprimida. Pero también son culpables los miembros del Consejo Supremo Electoral que por iniciativa propia o cumpliendo indicaciones, perpetraron el escandaloso fraude en los comicios municipales del 9 de noviembre pasado. A ellos hay que culpar de que se pierda parcial o totalmente la ayuda externa, porque con el descarado fraude electoral que uno instigó y los otros cometieron, han violado el compromiso con la comunidad internacional de realizar elecciones libres y limpias, respetar los derechos humanos, mantener la vigencia del Estado de Derecho y garantizar el ejercicio de las libertades públicas.
En realidad, los acuerdos de cooperación externa son contratos que contienen cláusulas y condiciones que las partes adoptan voluntariamente y se comprometen a cumplir. Si uno de los contratistas viola o incumple esas cláusulas y condiciones, el otro queda liberado del cumplimiento de sus correspondientes compromisos. Dicho con otras palabras, si los acuerdos para recibir recursos financieros de la Cuenta Reto del Milenio, o cooperación para financiar el déficit presupuestario, o para cualquier otro fin, incluyen entre sus cláusulas la obligación de Nicaragua de realizar elecciones libres, honestas y transparentes, el Gobierno de este país tiene que cumplir ese compromiso o deja de recibir la ayuda internacional. Así de sencillo.
Se conoce que al presidente Daniel Ortega no le gustan esas condiciones de gobernar democráticamente y respetar el voto de los ciudadanos, a cambio de la ayuda económica internacional. Pero siendo así, desde que asumió otra vez el poder en enero del 2007, él debió revocar los acuerdos de Nicaragua para la cooperación externa. Ortega debió haber advertido públicamente a la comunidad internacional, que se proponía formar turbas para que vapulearan a ciudadanos pacíficos que quisieran manifestarse cívicamente; que montaría un fraude electoral en los comicios municipales y en las siguientes elecciones nacionales, a fin de aparentar una mayoría popular que no tiene y justificar así su pretensión de reelegirse fraudulentamente y quedarse en el poder de manera vitalicia; que atacaría a los medios de comunicación independientes y la libertad de prensa; que impondría el miedo en las calles para que no hubieran manifestaciones públicas de oposición y protesta; que acosaría y acusaría a los organismos no gubernamentales independientes y democráticos que realizan acciones que son de su legítima competencia, pero que a él le disgustan. Ortega debió haber dicho con franqueza que iba a desgobernar el país igual o peor que en los años ochenta, y que violaría los principios y normas de la Carta Democrática Interamericana y las declaraciones internacionales de derechos humanos. Y en consecuencia, desde ese mismo momento Ortega debió renunciar a seguir recibiendo cooperación externa vinculada al cumplimiento de compromisos de gobernabilidad democrática, de respeto a los derechos humanos, de transparencia gubernamental y verdaderos programas para la reducción de la pobreza.
Pero Daniel Ortega no hizo nada de eso. Seguramente pensó que engañaría a la comunidad democrática donante y creyó que podría violar los compromisos internacionales de Nicaragua, con la misma impunidad con la que atropella la ley nacional y los derechos y las libertades de los nicaragüenses. De manera que si ahora los gobiernos de los países democráticos cooperantes congelan, reducen o suprimen la ayuda a Nicaragua, el único culpable de eso y a quien los nicaragüenses tienen que exigir cuentas, es al presidente Ortega, así como a sus cómplices en el Consejo Supremo Electoral, que perpetraron el fraude del 9 de noviembre para arrebatarle el triunfo a la oposición y adjudicárselo mañosamente al partido oficialista.
A Daniel Ortega, según él mismo lo ha confesado públicamente, no le importa que los países democráticos dejen de ayudarle a Nicaragua. Por el contrario, ha dicho que si la ayuda se suspende él se sentirá más libre. Y es que con ayuda externa o sin ella Ortega y los miembros de su oligarquía familiar y partidaria, seguirán viviendo a cuerpo de rey y enriqueciéndose al amparo del poder, pues por muy pobre que sea el país el manejo del Estado siempre puede dejar suculentas ganancias a gobernantes autoritarios y corruptos. La víctima es el pueblo, que tendrá que sufrir muchas más privaciones hasta que otra vez, como en 1990, se quite de encima la odiosa dictadura orteguista.
