- Agustín Jarquín y Miriam Argüello inconformes con resultados del Poder Electoral
Los diputados Agustín Jarquín y Miriam Argüello, aliados al Gobierno del sandinista Daniel Ortega, consideraron ayer que “es válido un recuento de actas en el país, con observadores imparciales”, para ayudar a superar la crisis postelectoral.
Ambos legisladores, que pertenecen al monolítico bloque de 38 representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se opusieron a una ley que pretende anular los comicios, pero sí se pronunciaron a favor del recuento de actas.
“Se debe proceder a un recuento de votos o a un recuento de actas, que viene siendo casi parecido. Es sano, por la situación de desconfianza que se ha incrementado, por los señalamientos críticos al Consejo Supremo Electoral, es más sano ahora que antes, que exista la participación de observadores calificados y que no hayan emitido juicios o no se hayan implicado”, dijo Jarquín.
El diputado recordó que la Unión Europea ofreció asistencia técnica para que Nicaragua resuelva la crisis postelectoral.
“Si un acta es diferente de la otra, fácilmente se puede dilucidar cuál es la falla, cuál es la correcta y para eso pueden venir expertos calígrafos, tenemos expertos en Nicaragua en la Policía Nacional, pero también hay expertos que los pueden proporcionar los amigos de la Unión Europea”, añadió Jarquín.
Tanto Argüello como Jarquín explicaron que se oponen al proyecto que anularía los comicios, porque lo consideran ilegal.
“Eso sí, yo creo que se hace necesario ese recuento de todas las actas hasta llegar al cien por ciento de las actas, con la presencia de observadores nacionales e internacionales, para entonces darle garantías y tranquilidad al pueblo nicaragüense (…) El Consejo Supremo Electoral le debe una explicación al pueblo nicaragüense y debe demostrarle si en realidad es cierto lo que ellos dicen de que todo está correcto”, manifestó Argüello.
ASAMBLEA Y ELECCIONES
Jarquín explicó que el país en efecto necesita del funcionamiento del parlamento, pero indicó que las cosas no podrán volver a la normalidad mientras persista la crisis postelectoral.
Según Jarquín, las irregularidades en las elecciones empezaron desde que el Consejo Supremo Electoral (CSE) impidió a cuatro partidos competir: Movimiento Renovador Sandinista, Partido Conservador, Partido Indígena Multiétnico y Partido Movimiento de Unidad Costeña.
Jarquín agregó que luego el CSE se rehusó a la presencia de observadores y finalmente mencionó que las autoridades nunca se pronunciaron en torno al “evidente” uso partidario que el FSLN efectuó sobre las instituciones públicas.
“Desde (el acuerdo) Esquipulas (1987) hasta la fecha, éstas han sido las elecciones más accidentadas, francamente dejan una referencia de cómo no hacer las cosas”, dijo Jarquín.
