- Caso FARC podría ser obstáculo
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El Poder Ejecutivo podría oponerse aún más a la adhesión de Nicaragua al Tratado de Roma y a la Corte Penal Internacional (CPI), luego que ese tribunal anunciara una investigación en este país para descubrir si existen “redes de apoyo” a las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), consideró ayer el diputado liberal José Pallais.
Pallais, también presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que el Ejecutivo ya ha expresado su reticencia a la CPI, debido a la guerra que cobijó a Nicaragua durante los años ochenta.
“Es posible”, dijo Pallais al referirse a que la negativa del Gobierno a la CPI podría aumentar, debido a la investigación que el alto tribunal anunció para Nicaragua, Venezuela, Ecuador, México, Holanda, Dinamarca y Suiza, por los posibles nexos que existirían con las FARC.
La CPI es un tribunal mundial independiente, que tiene jurisdicción sobre actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, a partir del año 2002, expresó ayer Francesca Varda, coordinadora regional de América Latina y el Caribe por la coalición por la CPI, que aglutina a 2 mil 500 organizaciones civiles.
El diputado Pallais afirmó ayer que en anteriores ocasiones el presidente Ortega ya se ha opuesto a la CPI.
“La principal objeción que he encontrado, y lo ha expresado públicamente el Presidente de la República después de una reunión con los presidentes centroamericanos, es que ratificar el Tratado de Roma podría poner en riesgo los procesos de paz y reconciliación que se vivieron en Centroamérica a finales de los años ochenta y principios de los noventa”, añadió Pallais.
Hay personas que promueven acusaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por el primer gobierno de Ortega durante la guerra civil de los ochenta.
“La jurisdicción de la Corte no es retroactiva y esa preocupación que al Gobierno causa los delitos ocurridos en la década de los ochenta, no tiene ninguna validez”, señaló Pallais.
OBSTÁCULOS
Norwin Solano, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), coincidió con Pallais en que existen “objeciones” por parte de las autoridades hacia la CPI.
Agregó que a mediano plazo, el Estado podría acceder a formar parte de la CPI.
“Las cosas han quedado a nivel de objeciones. Lejos de oponerse al establecimiento de la Corte Penal Internacional, los distintos gobiernos han manifestado una anuencia al mismo, pero se ha hecho énfasis en los obstáculos constitucionales o bien en las reformas legislativas a nivel constitucional que se tendrían que hacer para sumarse a la Corte”, indicó Solano.
Nicaragua no contempla la extradición de sus nacionales, pero la CPI sí exige la entrega de personas que han sido enjuiciadas.
En este caso Pallais explicó que la extradición de un ciudadano se efectúa entre países, pero la “entrega” ocurre entre un Estado y un organismo, que sería la CPI.
NICARAGUA EN ”SELECTO” CLUB
Varda dijo que Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Chile son los únicos cuatro países de Latinoamérica donde no se ha ratificado el Tratado de Roma, que ya cuenta con 108 miembros en el mundo.
Estados Unidos tampoco forma parte de la CPI.
Varda y Solano han sostenido una serie de reuniones con diputados y la Cancillería, para promover que Nicaragua sea parte de la CPI.
“La Corte Penal Internacional se presenta como una institución, como un mecanismo que contribuye, creando efectos disuasivos, para que los perpetradores de estos terribles crímenes (genocidio, lesa humanidad y guerra) sepan que nunca más quedarán impunes”, resaltó Varda.
Pallais adelantó que el Poder Legislativo impulsará una serie de leyes, independientemente de las acciones que tome el Ejecutivo, para acercar a Nicaragua a la CPI. El diputado comentó que podrían extender una invitación al presidente del alto tribunal, Philippe Kirsch, para inicios del próximo año.
