El juez español Baltasar Garzón dejó hoy en libertad bajo fianza de 12,000 euros (18,800 dólares) a la presunta representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) en España, María Remedios García Albert, alias “Soraya” o “Irene”.
El magistrado adoptó esta decisión en un auto en el que le imputa a García Albert un delito de colaboración con organización terrorista.
Tras prestar declaración ante el juez, García Albert quedó en libertad y dispone de siete días para presentar la fianza que le ha sido impuesta.
En el momento en que la pague, estará obligada a comparecer semanalmente en el juzgado más próximo de su domicilio y tendrá prohibido salir del territorio español.
El ministerio fiscal había solicitado la prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza de 20,000 euros para García Albert, por un presunto delito de colaboración con organización terrorista.
La presunta representante de las FARC fue detenida ayer en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista en el marco de la operación Cali.
El juez considera acreditado que, al menos desde el año 2000, García Albert ha mantenido una relación fluida, a través de correos electrónicos, con uno de los líderes principales de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, fallecido el 1 de marzo en un ataque aéreo del Ejército colombiano, así como con el representante internacional de la organización, Ovidio Salinas Pérez, alias “Juan Antonio Rojas”, entre otros.
Según Garzón, hay pruebas de que García Albert, bajo el nombre orgánico de “Soraya” o “Irene”, recibió de manos de “Raúl Reyes” en 2006 la cantidad de 6,000 dólares para que los hiciera llegar a Lucas Gualdron, representante de las FARC en Europa, además de otra cantidad de dos millones de pesos colombianos (unos mil dólares) a un destinatario no conocido.
García Albert también difundió los postulados de las FARC en Europa en los últimos ocho años a través de foros, eventos, páginas web, publicaciones y documentos.
Para el juez, ha quedado constatada la vinculación de la detenida con las FARC y la cúpula dirigente de la organización guerrillera, la cual no queda desvirtuada por las supuestas finalidades humanitarias que la motivaban.
