Árbitro parcial

Imagine que usted participa en un campeonato de futbol. Usted cree que puede ganarle al equipo campeón o por lo menos darle batalla y complicarle las cosas. Pero cuando está en el terreno de juego se da cuenta que todos los jueces son miembros del club de su contrincante, y no se preocupan por ocultar su simpatía. Pero lo peor no es eso, sino que siempre fallan en contra de su equipo y a favor del equipo contrario. Ni una sola vez en el partido le pitaron una falta al otro equipo aunque uno de sus miembros haya golpeado intencionalmente a su portero. En cambio, fueron implacables y le clavaron tarjeta roja a su mejor jugador porque le gritó a uno de los abusivos que avasallaba a otro miembro de su equipo.

Aún así, sabiendo que todo está en contra y que le han expulsado a su mejor jugador, decide continuar y con muchas agallas ataca la portería contraria. Su rival está en aprietos. En ese momento el árbitro principal detiene el partido y uno de los “comisionados” del campeonato entra reglamento en mano para decirles que están descalificados, porque según el artículo tal, inciso tal, no se puede jugar con camisas de rayas horizontales como las que usa su equipo, en una regla que recientemente creó el Comité Fulano de Tal, que sospechosamente está integrado por ex miembros del equipo contra el que usted compite.

Ahora piense que el campeonato son las elecciones; los equipos, los partidos; los jueces, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y los comisionados del Comité Fulano de Tal, los diputados de la Asamblea Nacional y tendrá una panorámica bastante parecida a la situación electoral de Nicaragua.

El CSE ha funcionado desde hace varios años como un “arma” para cuidar a las fuerzas políticas que lo controlan y atacar a aquéllas que deciden jugar con las reglas que esas mismas fuerzas han diseñado para acceder al poder. Para ello se ha reforzado su composición partidaria y todas sus resoluciones van en un solo sentido: favorecer a los partidos Frente Sandinista (FSLN) y Liberal Constitucionalista (PLC), los dos que desde 1998 mantienen un pacto que les ha permitido repartirse el poder.

La ex presidenta de ese poder del Estado, Rosa Marina Zelaya, afirma que el problema de las decisiones de los magistrados es la norma jurídica que siguen. “Ellos dicen que aplican la norma jurídica, la pregunta es cuál norma es la que se está aplicando”.

Zelaya dice que las decapitaciones, pasadas de cuenta, retiro de diputaciones, inhibiciones, calendario a la medida del pacto y otros no son temas novedosos. Ella recuerda que desde el 2000 las resoluciones obedecen a los intereses del pacto y la mayor prueba de ello es la inhibición de 15 partidos que fueron eliminados de la contienda en ese año.

“El CSE, en diferentes procesos electorales desde el 2000 hasta la fecha, ha tenido muchas denuncias, demandas y peticiones de los propios partidos políticos, porque sienten que el Consejo no ha actuado con la independencia que debería… Estas elecciones las está empañando el propio CSE”, estima.

El análisis de la ex magistrada no difiere del de Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia. Él asegura que la serie de decisiones políticas del Consejo sólo demuestra que ahora actúan con mayor descaro que antes. “Estamos viendo una aplicación selectiva de la ley de parte de una institución del Estado, que afecta a unos partidos y favorece a otros dentro de un contexto que están recibiendo órdenes o están tratando de congraciarse con algunos partidos”.

Sea como fuere, Domingo presenta las resoluciones del CSE, que desde el año 2000 han beneficiado de una u otra manera al partido gobernante y a su aliado político: el PLC.