- Funcionarios gubernamentales discuten la nueva política de desarrollo del sector agropecuario, a la que denominan La Revolución en el Agro. Según ellos, se proponen reinventar el sector, bajo la dirección del Estado que se encargará de financiar, educar, organizar y comercializar en los próximos cinco años
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Ver Infografia > En diferentes medios oficiales del sector agropecuario está circulando un borrador del plan quinquenal agropecuario 2008-2012, denominado La Revolución en el Sistema Agropecuario, Forestal y Rural, que definirá toda la estrategia del Gobierno para el sector agropecuario.
Sin embargo, hasta la fecha ha sido consultado sólo con organizaciones afines al Gobierno y al nivel más alto, y todavía no terminan de aprobarlo, aún cuando el ciclo agrícola está por empezar.
Con el nuevo plan continúa la tradición de todos los gobiernos desde 1979, de elaborar su propia estrategia agropecuaria reinventando una vez más el agro. El último fue el denominado Prorural (Políticas y Estrategia para el Desarrollo Rural Productivo Sostenible) elaborado durante la administración del presidente Enrique Bolaños.
De acuerdo con el documento, en el que por ninguna parte se menciona al Prorural, “la soberanía de los y las nicaragüenses es, en esencia, el máximo sentido para la actuación en el nuevo rol revolucionario”.
Éste es el preámbulo de una estrategia dominada por las organizaciones partidarias: “Definimos nuestra estrategia, políticas y acciones del pueblo presidente, instaurando nuevas relaciones de poder en la democracia directa, mediante los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del sector rural y territorial”.
Según el documento, la estrategia está dirigida a lograr la estatización gradual de todo el sector agropecuario, en que “se incorporan las decisiones de los representantes de los CPC en el nivel nacional y territorial para garantizar la democracia directa como expresión sintetizada del pueblo presidente”.
EL HAMBRE CERO
El Hambre Cero dejará de ser un programa para convertirse en el centro de la estrategia o “como referencia de las acciones del sector agropecuario”.
El Gobierno propone “impulsar mecanismos para articular las acciones en función de la producción de los pequeños y medianos productores y productoras, particularmente las mujeres del campo”, según los gobernantes como una forma de revertir las políticas de los gobierno anteriores “que estaban enfocados al mercado de exportación, privilegiando la producción de rubros tradicionalmente en manos de grandes productores y empresarios”.
De esa forma se proponen fortalecer la organización de pequeños y medianos productores para ampliar la cobertura, calidad y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a la producción.
Sin embargo, no mencionan a través de qué o quiénes se apoyarán para impulsar la estrategia, porque no aparece ninguna organización del sector, ni siquiera la sandinista Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
Se plantea la asistencia técnica “basada en una promotoría social comunitaria, identificada culturalmente con la población a ser cubierta”.
Ignoran en este caso a diversas organizaciones gremiales, universidades y entidades privadas que cuentan con técnicos capaces de desarrollar esta labor.
El año pasado, por ejemplo, la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico y Social (Funides) sugirió en su análisis del Programa Hambre Cero que una de sus debilidades es, precisamente, la forma de implementar la asistencia técnica.
De hecho, el enfoque fundamental de ese programa estatal es el comunitario, “promover actividades productivas, agropecuarias, forestales, piscícolas y forestales a nivel comunitario”.
El Gobierno apuesta fuerte al Programa Hambre Cero, como la punta de lanza de la seguridad alimentaria, por medio del cual canalizarán 150 millones de dólares en estos cinco años y generará “una serie de necesidades que el mismo sector debe dar respuesta” y cuyo impacto será medido en el año 2009.
LA GANADERÍA
El programa ganadero busca garantizar el abastecimiento de vaquillas para este programa que, además propone una vieja exigencia del sector: un programa de mejoramiento genético.
Sin embargo, el programa ganadero en teoría buscará crecer paralelo con la inversión en infraestructura, aún cuando en esta área hay atrasos.
Por ejemplo, la refinería “El Supremo sueño de Bolívar”, en Puerto Sandino, que financiaría el Gobierno de Venezuela, todavía está en proyecto.
Según la estrategia, el Gobierno priorizará las zonas cercanas a las inversiones para “evitar enclaves concentradores de riqueza y zonas marginadas alrededor de los mismos”.
PRODUCCIÓN DE GRANOS HASTA SE REDUCIRÍA
En cuanto a la producción de granos básicos, el documento del Gobierno plantea resultados similares a los actuales. En cuanto las áreas sembradas, los rendimientos y la producción, las metas son las mismas que se esperan para este año o menores.
Por ejemplo, en maní, para el año 2012 se propone un área de siembra de 533 mil manzanas, sin embargo las proyecciones de siembre del 2008, son de 611 mil.
En frijol la situación es similar, ya que para el 2012 pretenden alcanzar un área sembrada de 371 mil manzanas, cuando este año las áreas programadas son de 390 mil manzanas.
Por otro lado, pese a la intención de aumentar los rendimientos, las proyecciones se quedan cortas. Por ejemplo, en sorgo los rendimientos proyectados para el 2008 son de 34.4 quintales por manzana, mientras que en el documento se proyectan 32 quintales y 40 quintales en el 2012.
En maíz los rendimientos estimados para este año, según el Magfor, son 23.8, pero en el documento este rendimiento se lograría hasta en el 2011.
MEDIO AMBIENTE
El Gobierno incluye un fuerte componente de protección del medio ambiente, aunque igual que en los otros aspectos adolece de entidades ejecutoras y contraparte privadas o gremiales. Se habla de “agroforestería comunitaria”.
Aunque habla de fortalecer las organizaciones cooperativas, asociaciones o pequeñas empresas forestales, destaca que este año se estructurarán ocho organizaciones en las Regiones Autónomas del Caribe.
En este tema incorporan conceptos como gobernanza forestal, descentralización, regulación y control, fomento y protección forestal, forestería comunitaria, ordenamiento y mecanismos de financiamiento y fiduciarios.
Pese al sesgo antiempresa del programa, proponen aplicar incentivos forestales de acuerdo con la Ley Forestal.
Con esta iniciativa se espera lograr una inversión de 150 millones de dólares, que se expresarían en 75 mil hectáreas cultivadas de bosques. De estas inversiones, 102 serían inversiones del sector privado, el resto sería un aporte del Gobierno a través de “incentivos en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR), Derecho Arancelario a la Importación (DAI), Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) e Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.
Eso significa que el Estado dejará de percibir 38 millones de dólares, a los que sumarán otros 10 millones de dólares en concepto de impuestos municipales.
El programa proyecta “un incremento 2.5 veces la participación de las exportaciones de productos forestales terminados en el valor de las exportaciones forestales”.
Estas inversiones generarían siete mil empleos directos e indirectos en las regiones beneficiadas.
Dentro de este sector, el Gobierno también pretende aplicar medidas de fondo para frenar la destrucción ambiental, principalmente la parte relacionada con los incendios forestales.
Para eso se propone atender y controlar un total de 500 incendios forestales en todo el período, es decir unos 100 incendios por año.
Según reportó este lunes el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), han ocurrido cien incendios forestales en el país en lo que va del año.
El último incendio arrasó casi tres mil hectáreas de bosques en la zona de Rosita, Región Autónoma del Atlántico Norte, que incluía 1,500 hectáreas de madera que había sido tumbada por el huracán Félix.
CULTIVO DE AGUA
Uno de los componentes del programa lo constituye la protección del recurso agua.
En la justificación, sostiene que “como medida estratégica se deberá ir cambiando el uso de aguas subterráneas a las aguas superficiales, a través de embalses con sistemas de riego adecuado (de bajas presiones) para producir en las dos estaciones”.
Según el documento, realzarán estudios agrometeorológicos para mejorar los pronósticos que se realizan para el sector agropecuario.
Incluye también estudios químicos, físicos y bacteriológicos que permitirán usar agua no contaminada.
Por otro lado, menciona la cosecha o captación de agua, lo que lograrían con la construcción de micropresas y reservorios para “reducir vulnerabilidades climáticas de los cultivos agrícolas y del uso de aguas subterráneas”.
Como medida adicional para proteger los recursos hídricos se propone “fomentar el cultivo de especies exóticas en cuerpos de agua” y “el agua de los estanques puede ser aprovechada para la producción de peces y para el riego al mismo tiempo”.
Hay un fuerte impulso a la promoción del riego “para contribuir con mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego”.
ASOCIATIVIDAD COMO BASE
Quizás la parte central de la estrategia de desarrollo del Gobierno es la organización de los pequeños productores, es decir, “la asociatividad como mecanismo para la redistribución del ingreso primario en el campo”.
Sin embargo, a como está redactado el documento pareciera que es una “reorganización del sector” ya que en el agro existen centenares de organizaciones financiadas por organismos no gubernamentales, cooperativas y asociaciones.
“La sostenibilidad del Programa Productivo Alimentario (PPA) precisamente depende, en gran medida de la organización de los grupos de mujeres receptoras”, detalla el documento.
Más adelante el documento agrega que se debe estimular en los pequeños y medianos productores “la asociatividad como medio para escalar los eslabones de la cadena productiva”.
Detalla que el 80 por ciento de los recursos del Fondo de Desarrollo Rural (FDR) serán canalizados a través de las cooperativas “u otras modalidades asociativas de pequeños y medianos productores”.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que el primer ensayo de esta estrategia está siendo aplicado con el inicio del nuevo ciclo agrícola, entregando recursos bajo los criterios de los CPC.
LA NUEVA EDUCACIÓN
Entre los pilares de la estrategia en el campo están la educación y la salud, concebidas desde la óptica del Gobierno que las presenta como “las conquistas básicas de la revolución”, la cual, según afirma el programa de la Revolución en el Agro, “se fortalecen focalizando las inversiones en escuelas y centros de salud en base a los nuevos sujetos económicos”.
Llaman la atención las prioridades de esta nueva educación, que propone pasar de “una capacitación y atención a la competitividad empresarial meramente, a una educación y atención para la vida. En esto, se consideran los huertos escolares, la incorporación de clases de cooperativismo, economía de patio, economía campesina, educación ambiental”.
Obviamente, en esta prioridad no pueden faltar los CPC: “Incorporar a los Consejos del Poder Ciudadano en la elaboración de las políticas, estrategias y planes de acción institucionales de la educación y formación de escuelas saludables”.
También se propone la incorporación en el programa de estudios escolares el tema de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
