Empresarios nacionales anunciaron medidas contra el cobro por extracción de agua que pretende realizar el Gobierno a las industrias. (LA PRENSA/M. LORÍO)

Empresarios se resisten a cobro

Inundan tribunal con recursos contra decreto por fuentes de agua [doap_box title=»Amenaza» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Ruth Selma Herrera, presidenta ejecutiva de Enacal, amenazó con acciones legales a quienes se opongan al pago de la tarifa. Aseguró contar con el apoyo de 1,150 empresarios dispuestos a pagar. «Ellos van a tener que pagar porque si están pagando […]

  • Inundan tribunal con recursos contra decreto por fuentes de agua
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Ruth Selma Herrera, presidenta ejecutiva de Enacal, amenazó con acciones legales a quienes se opongan al pago de la tarifa. Aseguró contar con el apoyo de 1,150 empresarios dispuestos a pagar.

«Ellos van a tener que pagar porque si están pagando los asentamientos, si están pagando las familias pobres de este país; los ricos, las empresas que hacen negocio con el agua, los que embotellan el agua, las gaseosas, el licor, las cervezas, los jugos, los que hacen negocio con el agua tienen que pagar», dijo Herrera.

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Presidentes de diferentes Cámaras Empresariales, afiliadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazaron el cobro que está impulsando la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) a las empresas por el uso de fuentes de agua.

Según el decreto 10-2008, el Gobierno pretende cobrar 12 córdobas por metro cúbico a las empresas que utilizan este recurso, extraído directamente por bombas de las empresas.

Eso elevará los costos de operación de las empresas y significará una reducción en la competitividad, explicó Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, demandó a las autoridades judiciales del país a dar trámite a los numerosos recursos de amparo que introdujeron decenas de empresas en todo el país.

“Vamos a promover la instalación de comisiones que trabajen sobre ese procedimiento y esperamos la respuesta del sistema judicial con relación a estos recursos que ya están en poder del Poder Judicial, y ya sea para revertir el decreto o suspensión del acto”, dijo.

Freddy Blandón, asesor jurídico del Cosep, señaló que están agotando todas las vías administrativas y una vez concluidos los tiempos establecidos por ley, recurrirán por inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Daniel Ortega, el cual se atribuye funciones que no tiene, indicó.

Según afirmó, el ejecutivo emitió un decreto en el cual se establecen cánones de uso de agua, lo cual viola la Ley de Agua, que ordena que “estos cánones se establecerán y aprobarán mediante Ley Especial dictada por la Asamblea Nacional”.

Ante la negativa del Gobierno, de revertir este cobro, los líderes empresariales dijeron que han orientado a sus afiliados a “tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos, por las vías que la Constitución y las leyes permitan”, como resistirse al pago hasta que se dilucide la legalidad de la medida.

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