Reformas constitucionales dirigidas a regular las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son parte de las recomendaciones plasmadas en el primer informe de Gobernabilidad Jurídica e Institucional de Nicaragua, denominado Observatorio de la Democracia en Centroamérica, y que fue presentado por el Centro de Derechos Constitucionales y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco).
Jaime Ordóñez, director del organismo Estudios para el Futuro y uno de los expositores del informe, destacó que Nicaragua necesita reformar su legislación en cinco aspectos fundamentales, como son la Carta Magna, la Ley Electoral, la legislación tributaria, planificación y presupuesto y el fortalecimiento de los gobiernos locales.
Para Ordóñez es urgente impulsar una reforma a la Ley Electoral en lo que se refiere al actual sistema y la regulación del mismo, donde las organizaciones políticas tradicionales deben estar dispuestas a “poner las barbas en remojo y ceder un poco de poder”.
“No se trata de sobrevivir como partidos políticos y que la democracia esté en un constante escenario de debilidad y con esos problemas de fondo, es una reforma que por un lado traslade poder a los ciudadanos y eso en el mediano plazo significará fortalecimiento también de los partidos políticos”, indicó el experto internacional.
Dijo que el problema de planificación y presupuestación, no es exclusivo de Nicaragua sino de todo Centroamérica.
“Nosotros no podemos seguir planificando a cuatro años y presupuestando anualmente, tenemos que hacer planes nacionales de desarrollo que sean de imperativo constitucional, aprobados por la Asamblea Nacional y que tengan una duración de por lo menos diez o quince años”, precisó Ordóñez.
