- Tanto el Cenidh como la CPDH dicen que el mandatario causa inestabilidad y “promueve el caos”
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estiman que la orden de no intervención en el conflicto de La Chureca, que realizó el presidente Daniel Ortega a la Policía Nacional, violenta el derecho a la seguridad jurídica de los capitalinos.
Tanto Bayardo Izabá, director ejecutivo del Cenidh, como Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, coinciden en que la Policía debió intervenir en el conflicto entre los “churequeros” y la Alcaldía de Managua, en virtud de que los intereses de las grandes mayorías privan sobre los intereses de la minoría.
Ortega dijo el jueves que él ordenó a la Policía que no interviniera en el conflicto de La Chureca. “Nosotros creemos que la Policía tiene responsabilidad en esta situación, porque ellos de conformidad con la Constitución y la ley no están obligados a cumplir cualquier orden que sea ilegal, entonces nos parece que es peligrosa la situación que está ocurriendo en el país con la Policía Nacional, que haya aceptado y además cumplido órdenes que son evidentemente ilegales”, dijo Izabá.
La oficina de Relaciones Públicas de la Policía indicó que actuará conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República que señala que la entidad es “profesional, obediente, no deliberante y sometida a la autoridad civil”.
Asi lo señaló el subcomisionado César Cuadra Soriano, funcionario de la vocería policial, quien recordó que según la Constitución Política, la autoridad civil está representada en el Presidente de la República.
No obstante, Izabá indicó que la Constitución y la ley establecen que “cuando un jefe da una orden que es inconstitucional, que es ilegal, entonces el que reciba una orden no está obligado a cumplirla”.
Para Izabá las declaraciones de Ortega el pasado jueves “provocan en el país un ambiente de mayor inseguridad y no propician un buen ambiente para que venga la inversión”.
El director del Cenidh considera que con su decisión Ortega “ha incurrido en los delitos de instigación para delinquir y apología del delito”, así como “es un promotor del caos en el país, por lo que está planteando que los muchachos de la UNA (Universidad Nacional Agraria) sigan en protesta, que no los van a reprimir”.
“Creemos que el presidente Ortega ha abusado una vez más de sus funciones, él no puede estar limitando el trabajo de la Policía para que pueda garantizar el orden”, sostuvo por su parte Carmona.
El dirigente de la CPDH manifestó que la Policía debió haber apoyado a la Alcaldía para garantizar el acceso al vertedero, pues con esta orden permitieron que 30 personas pusieran en riesgo a más de un millón de habitantes.
“Siempre que ha habido conflictos de esta naturaleza la Policía ha sido sumamente cauta, sumamente prudente en las actuaciones, porque de repente hay otras formas para resolver este tipo de problemas y esto no ha sido únicamente en este conflicto”, apuntó por su parte Cuadra Soriano.
Tras agregar que “el cumplimiento de la misión de la Policía no necesariamente significa ir a dar garrote y a tratar de resolver por esa vía”.
“Siempre hemos tratado de ser muy cuidadosos y evitar que el uso de la fuerza pueda significar el escalamiento, de una situación a hecho más grave”, insistió el funcionario policial.
GRAVE PRECEDENTE
Pero ambos activistas de derechos humanos consideran que las afirmaciones de Ortega establecen un grave precedente.
“El Presidente no puede estar dándoles instrucciones que no van con las funciones en la misma Policía Nacional (…) No puede estar el presidente Ortega por encima de la ley, hay una ley de la Policía Nacional, a la que debe someterse”, manifestó Carmona.
Tanto Izabá como Carmona expresaron su preocupación, porque con esto ocurra un retroceso en la institucionalidad alcanzada por la Policía Nacional en los últimos 17 años.
“Eso es peligroso porque la Policía pudiera ser instrumentalizada solamente cuando le convenga a los intereses del Presidente y sus allegados”, refirió Izabá, quien expresó su temor porque empiecen las invasiones de tierra y que únicamente haya desalojos cuando los afectados sean allegados al mandatario.
CAMIONES NO ENTRARON
A pesar de los casi 12 millones de córdobas que la Alcaldía de Managua destinará para aumento salarial de los 475 trabajadores del Plantel Los Cocos, los camiones recolectores de basura no entraron a La Chureca la mañana de ayer, como se tenía previsto.
Según el vicealcalde de Managua, Felipe Neri Leiva Orochena, esto se debió a que los trabajadores sostendrán este lunes una conversación con los “churequeros”, en la cual aparentemente se comprometerán a dejar de sacar la “prepa” de la basura. Sin embargo, Hildebrando Hernández, fiscal del Plantel Los Cocos, manifestó que los operarios dejarán de clasificar la basura hasta tener el aumento salarial en sus manos.
“En la mañana tuvimos una asamblea para ver qué iba a pasar, pero los otros trabajadores dijeron que iban a dejar de sacar la ‘prepa’ hasta que se refleje en su pago el aumento aprobado”, afirmó Hernández, lo cual de acuerdo a declaraciones brindadas por el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, pudiera darse hasta en la primera quincena de abril.
Esta decisión tomada por unanimidad durante la sesión número 38 del Concejo capitalino, ha creado controversia entre los demás trabajadores que tienen contacto con la basura, quienes le solicitaron a Leiva Orochena ser incluidos en la propuesta de aumento salarial.
Los quejosos son alrededor de 800 trabajadores de los distritos de Managua.
