- Debate en Colombia sobre asesinato de jefe de las FARC
Un rebelde que mató a uno de los líderes de las FARC dijo que espera el pago de una jugosa recompensa ofrecida por el Estado colombiano a cambio de información sobre comandantes insurgentes, mientras abogados y juristas debaten sobre si debe o no cobrar el botín.
En la jornada, el presidente Alvaro Uribe, afirmó que el gobierno ha cumplido en el pasado con los pagos de recompensas, pero que en el caso de Ríos se esperará las investigaciones judiciales que determinen las condiciones en que el guerrillero mató al comandante rebelde. “Un Estado de Derecho no puede estimular masacres” y “necesitamos esa definición jurídica”, dijo Uribe citado en un comunicado del palacio de gobierno.
El Ministerio de Defensa ha dicho que Pablo Montoya, alias “Rojas”, era el jefe de seguridad de Manuel Jesús Muñoz, alias “Iván Ríos”, de 46 años, uno de los siete comandantes de la jefatura de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la versión oficial, Rojas se entregó al ejército el jueves y para probar que había matado a su jefe y que realmente se trataba del comandante insurgente cortó y entregó a los militares la mano derecha de Ríos.
Según el Ministerio, el rebelde dijo que tomó la decisión de matar a su jefe porque buscaba aliviar la presión a la que estaban sometidos por las tropas, supuestamente detrás de la pista de Ríos y su bloque rebelde desde mediados de febrero en una región del noroeste del país, dejando entrever que con el comandante rebelde muerto, el Ejército detendría su operativo en la zona.
“Creo que sí porque es una política del Estado”, dijo Rojas en una entrevista exclusiva publicada el lunes por el diario El Tiempo que le preguntó si creía que le debían pagar el botín.
Rojas ha declinado dar detalles sobre cómo mató a su jefe.
Abogados consultados telefónicamente por la AP indicaron que el Estado enfrenta un dilema en cuanto al pago de la recompensa de 5,000 millones de pesos (unos 2.6 millones de dólares) —ofrecida por la Policía y el Ministerio de Defensa por información, sin mencionar la palabra muerte, a cambio de jefes rebeldes— a Rojas porque si la paga “se salta el Estado de Derecho y si no la paga se cae el prestigio de la recompensa”, indicó León Valencia, analista político y ex rebelde del ya pacificado grupo M-19.
Los abogados indicaron que quizá el Estado puede encontrar una fórmula en que enjuicie a Rojas por homicidio, delito castigado aquí con una pena mínima de 13 años de cárcel, y a la vez pague la recompensa.
El enjuiciar a Rojas, tanto como negociar una pena menor a cambio de entregar información, es una decisión exclusiva de la Fiscalía General.
