- Ley de lo Contencioso Administrativo regularía el “silencio administrativo” y obligaría a funcionarios a responder
El diputado Salvador Talavera introdujo ayer una iniciativa de Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que contempla el “silencio positivo” y que servirá para “frenar” los abusos de los funcionarios de Estado, explicó el legislador.
FUNCIONARIOS DEBERÁN RESPONDER EN TREINTA DÍAS
El proyecto regula la tutela del interés público y los derechos e intereses de los administrados.
“El silencio administrativo es el efecto que se produce en los casos en que la administración pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que la administración hubiere dictado ninguna resolución, se presumirá agotada la vía administrativa, se presumirá que existe una aceptación de lo pedido a favor del interesado sin ulterior recurso”, se señala en el artículo 18 del proyecto, que contempla el llamado silencio positivo.
FECHAS FATALES
Talavera expresó que con esta ley, los ciudadanos podrán frenar los abusos de los funcionarios públicos que no resuelven sus reclamos o solicitudes.
“Se les van a poner fechas fatales (a los servidores públicos), donde el silencio administrativo iría en favor de la persona que está recurriendo en contra de un funcionario, para obligar a los funcionarios a ser más eficientes con el tiempo y evitar los continuos abusos”, indicó Talavera.
UN VETO MILLONARIO
El legislador explicó que en Nicaragua se vetó parcialmente una Ley de lo Contencioso Administrativo que costó 120 millones de córdobas al Estado.
A raíz de tal resolución del Poder Judicial, Talavera manifestó que la Sala de lo Contencioso Administrativo no efectúa con eficiencia su trabajo.
“En el año 2001 la Sala dictó dos sentencias, ambas inadmisibles. En el 2002 dictaron ocho sentencias, todas inadmisibles. En el 2003 se dictaron doce sentencias, diez inadmisibles y dos admisibles, y en el 2004 se dictaron siete sentencias, todas declarando inadmisible el recurso. Es decir que en cuatro años dictaron veintinueve sentencias y sólo dos de ellas fueron declaradas admisibles”, apuntó Talavera. El proyecto de ley introducido ayer cuenta con el respaldo de denominaciones cristianas evangélicas.
