- Informe de la ONU explica cómo armas nicas llegan a guerrillas
Nicaragua, junto a Honduras, El Salvador y Panamá, es uno de los principales proveedores de armamento ilegal hacia Colombia, advierte un estudio preparado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).
El estudio muestra que las armas provenientes de los países centroamericanos representan el 25 por ciento del total de armamento ilegal que ha entrado al país sudamericano en los últimos diez años.
El documento explica que el tráfico ilegal de armas es la principal fuente de avituallamiento para grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares.
Se estima que el 80 por ciento de las armas ilegales que entran a ese país es adquirido por esas organizaciones, aunque también son utilizadas por la delincuencia común y el narcotráfico.
El estudio Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, dado a conocer en aquel país a inicios del año pasado, muestra que el tráfico ilegal de armas se da a través de cargamentos que entran en su mayoría por las fronteras del país, transportadas en pequeñas cantidades y que oscilan entre 15 y 20 unidades por cargamento.
Otro sector importante de abastecimiento de los traficantes ilegales son los remanentes de armamento en zonas postconflicto como Centroamérica, que vivió una serie de guerras civiles.
“Centroamérica —particularmente El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y en menor medida Costa Rica— es de gran relevancia en el tráfico ilícito de armas hacia Colombia, pues las autoridades identifican esta zona como una de las mayores, sino la mayor proveedora de armamento ilegal hacia los grupos armados ilegales del país”, se lee en el informe.
PARAMILITARES Y NARCOS
El estudio de la ONU explica que muchas veces se utilizan canales legales para la venta de las armas, pero que el destino final pueden ser grupos irregulares.
El documento cita un caso registrado en octubre del 2001 y que suscitó una controversia entre Nicaragua, Panamá y Colombia, hasta el punto de intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese año, el barco Otterloo, de bandera panameña, llegó al puerto de El Rama donde recibió un cargamento de tres mil fusiles AK y cinco millones de municiones, que formaba parte de una transacción entre el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, para el intercambio de armamento a través de una empresa privada llamada Grupo de Representaciones Internacionales S.A. (GIRSA).
GIRSA, que se encargó de comercializar el armamento entregado por Nicaragua, contactó a un narcotraficante que decía representar a la Policía panameña que supuestamente estaba interesada en las armas, que fueron a parar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal asociación de paramilitares de ultraderecha de ese país a la que se atribuyen centenares de matanzas.
“Lo cierto es que una primera fuente identificada de armamento ilegal para estas organizaciones armadas son las transacciones de mercado gris, donde se adquieren armas fabricadas por empresas estatales o que son parte de excedentes de armamento de las fuerzas armadas de esos países”, explica el estudio.
POLICÍA NO SE PRONUNCIA
LA PRENSA consultó al jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Alonso Sevilla, sobre el informe de la ONU. Sevilla dijo que desconocía el documento.
Si la Policía tiene información del tráfico de armas desde a Nicaragua a Colombia, el comisionado dijo que no se pronunciaría al respecto.
“Esa es una afirmación de alguien que no es Nicaragua. No somos nosotros. No conocemos el informe, y al no conocerlo no podemos pronunciarnos”, dijo Sevilla por teléfono.
El general Adolfo Zepeda, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, dijo por su parte que esa institución no dispone de datos sobre tráfico de armas para poder investigar, porque ni la Policía Nacional ni la Cancillería se las ha dado.
TRÁFICO DISMINUYE
Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dijo que el tráfico de armas ha venido disminuyendo en Nicaragua desde inicios de la década de 1990, porque la cantidad de armas de guerra en el país ha registrado una fuerte reducción.
Orozco explicó que el comercio ilegal de armas era más fuerte en el primer quinquenio de los noventa, siendo los desmovilizados del Ejército y de la Contra quienes vendían las armas a narcotraficantes.
“Nicaragua dejó de ser un gran abastecedor de armas para guerrillas en América Latina”, dijo Orozco.
El experto explicó, sin embargo, que en Nicaragua se ha incrementado el comercio de armas de menor calibre como escopetas y revólveres. Armas que son introducidas por puestos fronterizos, comercializadas por grupos ligados a maras o narcotraficantes y que luego son adquiridas, en muchos casos, por productores del interior del país.
