Desde que Arnoldo Alemán perdió el control de varios diputados liberales, la crónica crisis institucional se agudizó y podría seguir en escalada. La rebelión de los diputados liberales se dio ante la insistencia de Daniel Ortega, de forzar cambios constitucionales a favor de la reelección continua y para cambiar el sistema político en su propio provecho. Ninguna de estas cosas ocurrió.
Luego, Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron instalar a como fuera los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) con carácter de estructuras de gobierno, pero los diputados de oposición aprobaron la Ley 630 para derogarlos. Ortega vetó esta Ley y 52 diputados rechazaron el veto, incluyendo la disidencia sandinista organizada en la alianza MRS. Seguidamente, un Tribunal de Apelaciones mandó detener la publicación de dicha ley y la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada sólo con magistrados orteguistas y en ausencia de varios magistrados propietarios, se apresuró a emitir un fallo nocturno con el que declaró inconstitucional la Ley 630. En respuesta, los diputados de oposición se negaron a sesionar en los últimos días del año y finalmente dos magistrados sandinistas lanzaron un llamado al diálogo, supuestamente para superar la crisis. En resumen, la causa aparente de esta crisis institucional es el resquebrajamiento del pacto, aunque la causa real es el atropello a la institucionalidad democrática y el afán de Daniel Ortega de imponer su nueva dictadura contra viento y marea. Pero es evidente que no puede imponer su voluntad tan fácilmente, como cuando el PLC cumplía sin chistar las directrices del pacto.
El diálogo, en principio, es útil y necesario, pero como dijo Antonio Machado “para dialogar primero hay que preguntar; después… escuchar”. Sin embargo Ortega y sus agentes parlamentarios y judiciales no preguntan ni escuchan, se imponen con abuso de fuerza y después, cuando sus opositores están manos arriba, hablan de “diálogo”. Así debe interpretarse la patraña de Ortega al ordenar que un Tribunal de Apelaciones ratificara la condena contra Arnoldo Alemán y le revocara el régimen de convivencia familiar. De esta manera Ortega quiere doblar el brazo a Alemán para que este, a su vez, convenza a los diputados liberales que cedan en todo lo que aquel pide. Pero Ortega no las tiene todas consigo, porque del funcionamiento normal de la Asamblea Nacional depende la aprobación de importantes recursos económicos provenientes de organismos internacionales, los cuales son indispensables para la ejecución de diversos programas de gobierno. En consecuencia, el gobierno de Ortega podría en el año 2008 enfrentar una grave crisis financiera.
Puesto que ha quedado claro que el interés de Ortega no es el bienestar de la población ni la superación de la pobreza, sino el cumplimiento de su agenda personal y familiar, los diputados liberales no se deben sentir presionados por aprobar leyes a su gobierno. Y puesto que el interés de Ortega es fomentar la corrupción, por medio del manejo discrecional de fondos como los del petróleo venezolano, los diputados liberales tampoco pueden tener dificultad en aprobar una amnistía que rompa la cadena que Ortega ha puesto alrededor del cuello de Alemán.
La intención de Daniel Ortega al recuperar el Poder Ejecutivo siempre fue instaurar un régimen autocrático en Nicaragua. Alrededor de esta intención ha trabajado todo este primer año de gobierno. El “hambre cero”, la “usura cero”, la venta de frijoles y otros programas demagógicos son cortinas de humo para ocultar sus pretensiones monárquicas, pero no constituyen la salida al bajo crecimiento económico de nuestro país este año, el segundo más bajo de América Latina. Los Ortega-Murillo irrespetan la Constitución y las leyes, anulan la función legislativa de la Asamblea Nacional y destruyen totalmente la credibilidad del Poder Judicial con tal de imponer los CPC, porque estos representan la columna vertebral de la nueva dictadura y sus tentáculos en todos los barrios y comunidades.
Finalmente, la crisis institucional en que Ortega ha metido al país está teniendo graves efectos económicos. Esto se debe al ambiente de inestabilidad e inseguridad jurídica que prevalece, a su alocada política internacional de confrontación y a la notoria ineficiencia de su gabinete. Sólo la unidad de la oposición y la lucha del pueblo democrático de Nicaragua pueden frenar esta nueva dictadura.
