En general hay ahora una tendencia contra lo que algunos llaman “presidencialismo imperial”. En Estados Unidos, los legisladores discuten acerca de restar atribuciones al Presidente, sobre todo luego de la experiencia de la invasión de ese país a Irak. El partido Demócrata considera que los poderes presidenciales alcanzaron extremos peligrosos en nombre de la lucha contra el terrorismo, especialmente, cuando el partido de gobierno (Republicano) era también mayoría en el Congreso.
Una de las medidas ejecutivas más criticadas del año pasado en Estados Unidos fue la suspensión del derecho de hábeas corpus para evitar que extranjeros que son detenidos y encarcelados, recurran a las cortes federales. Asimismo, se amplió la facultad del Presidente de usar tropas militares como fuerzas policiales domésticas para responder ante desastres naturales, brotes de enfermedades, ataques terroristas o “cualquier otra condición” (el entrecomillado es nuestro). La última parte de la disposición es, en realidad, un cheque en blanco para cualquier mandatario. De tal manera que es posible que en el futuro cercano haya cambios en este sentido en la legislación estadounidense.
Sin embargo, a nadie se le ocurriría la idea de convertir el sistema presidencialista de ese país en un sistema parlamentario por medio de reformas a la Constitución. Los representantes estadounidenses jamás harían algo así sin consultar al pueblo. Es una cuestión de elemental respeto a la ciudadanía. Una cosa es recibir una casa y la autoridad para hacerle “reformas” y otra muy distinta convertirla en un hotel sin consultar con el dueño.
El tema de restar atribuciones al Presidente de la República también ha estado bajo discusión en la Asamblea Nacional de Nicaragua desde el año 2005. En el 2006 se aprobaron reformas constitucionales encaminadas a restar facultades al Poder Ejecutivo, bajo el mando del presidente Enrique Bolaños. El gobierno de Bolaños, por medio de una Ley Marco, negoció y logró que dichas reformas constitucionales acordadas por el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista, fueran suspendidas hasta luego de la toma de poder del ganador de las elecciones pasadas, es decir, en enero del 2007. Sin embargo, la A LN acordó con el Frente Sandinista —ahora con Daniel Ortega a la cabeza del Gobierno— una postergación del período de entrada en vigencia de la Ley Marco.
Pero una cosa es hacer reformas constitucionales que disminuyan atribuciones excesivas al Presidente y otra, muy distinta, cambiar el sistema de gobierno del país. Para esto último, los diputados no están autorizados por la misma Constitución. En realidad, para hacer un cambio radical del sistema de gobierno, en este caso para pasar del presidencialismo al parlamentarismo, primero que todo los diputados deben convocar a un referendo en el que se consulte la opinión del pueblo y, si la mayoría está de acuerdo con el cambio, hay que nombrar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, tomando en cuenta el nuevo sistema, pues, la actual Constitución fue redactada bajo el supuesto de un sistema presidencialista. En cambio, dentro de los cambios que implicaría el establecimiento del parlamentarismo en Nicaragua estaría la figura de Primer Ministro, algo novedoso para nuestro medio.
Si no se le permite al pueblo expresarse en un plebiscito o referendo, los diputados se excederían en sus atribuciones y pondrían en entredicho todo lo actuado. Además, si los legisladores proceden sin consultar al pueblo se corre el riesgo de que en el futuro, si la correlación de fuerzas políticas cambia, los que a la sazón sean mayoría podrían derogar dichas reformas y volver a establecer el presidencialismo, o a hacer cualquier desatino.
Los nicaragüenses —y los legisladores en particular— debemos ser más serios y responsables con decisiones jurídicas de tanta trascendencia. Por otro lado, si los partidos mayoritarios representados en la Asamblea Nacional creen que tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad con respecto al cambio del sistema de gobierno, ¿cuál es el temor de que los ciudadanos opinen con sus votos? Un cambio de sistema fundamentado en una constituyente y un referendo no sólo le daría validez a la decisión que se tome, sino que también sería un ejemplo concreto del ejercicio del poder de parte del pueblo soberano. De lo contrario, sólo se conseguiría terminar de quebrantar el Estado de Derecho.
