Ahora van por el uranio

Los buscadores de uranio se suman al auge minero latinoamericano. Pero capitalizar el negocio llevará un tiempo [doap_box title=»Desde el Norte hasta el Sur» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La canadiense Mega Uranium adquirió en marzo del año pasado el 75 por ciento de los derechos sobre 16 concesiones de exploración de uranio-molibideno que sumaban casi 150 kilómetros […]

  • Los buscadores de uranio se suman al auge minero latinoamericano. Pero capitalizar el negocio llevará un tiempo
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La canadiense Mega Uranium adquirió en marzo del año pasado el 75 por ciento de los derechos sobre 16 concesiones de exploración de uranio-molibideno que sumaban casi 150 kilómetros cuadrados en el altiplano y el este boliviano que pertenecían a Intrepid Minerals Corporation, con resultados promisorios en los primeros cateos.

Meses después sumó derechos sobre cuatro concesiones en la provincia colombiana de Santander que suman un total de 74 kilómetros cuadrados.

Por su parte Cue Capitals, otra canadiense, anunció el 13 de agosto haber tenido resultados alentadores en el yacimiento paraguayo de Yuti, donde opera tras adquirir gran parte del paquete accionario de Transandes Paraguay SA, firma que explora la zona desde 2006.

Guatemala, Guyana y Ecuador son otros países que están bajo la mira con más o menos intensidad.

¿Para sorprenderse? No. “El uranio existe en toda Sudamérica y se lo está explorando en todos estos países. El uranio es el cuarto elemento más común en el planeta, pero hay que buscarlo en donde se concentra y se lo pueda sacar cerca de la superficie”, dice Alexander Hirtz, manager de Transandes Paraguay S.A, mientras presentaba los resultados de las exploraciones.

“Hoy el uranio está de moda, y es sencillo obtener fondos para buscarlo en un país extraño a la Bolsa de Toronto”. Quizás siguiendo ese razonamiento la gestión del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, llamó a licitación la exploración del territorio para sumarse a la fiebre del uranio.

Una decena de empresas se habría acercado para requerir información, aseguran en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El resultado recién se conocerá a mediados de septiembre, cuando cierre la convocatoria.

También aún es difícil definir cuál será el negocio final para la región. Las empresas privadas o estatales aún están mayoritariamente en etapa de exploración como para saber qué volúmenes realmente explotables hay. “Es una fase activa que durará durante tres a cinco años más”, apunta Ted O'Connor, geólogo sénior del equipo de exploración internacional de Cameco.

“Recién entonces se identificará la viabilidad económica de cada depósito, y su impacto ambiental y su sustentabilidad social”, añade.

Y lo ambiental y social no es un tema menor, como conoce la industria minera a lo largo del continente. En México hubo problemas con asignaciones, en Argentina no pueden explotar Sierra Pintada por la oposición ambientalista, y las mayores reservas de Brasil están en el Amazonas, lo que generará mucha oposición a una potencial explotación”, dice Darío Jinchuk, presidente para América Latina de la American Nuclear Society.

De todos modos, los contras parecen jugar a favor. Si bien el precio se ha mostrado volátil durante el último año, subiendo y cayendo en el orden del 40 por ciento en el mercado spot hasta cotizar US$ 198 el kilogramo el 20 de agosto, última cotización registrada en esta producción,

Los analistas coinciden en que no ha incidido en los precios a futuro que se han mantenido estables en el orden de los US$ 90 el kilogramo y estiman que su verdadera explosión será en la futura década de 2020.

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Córdoba

La gestión de Néstor Scalerandi podría haber pasado casi desapercibida. Como secretario de Minería de la argentina Provincia de Córdoba, administraba sin bulla un sector compuesto por una centena de pequeñas empresas dedicadas a extraer rocas para la construcción.

Sin embargo, a fines de julio pudo darse el gusto de sacudir la opinión pública local: anunció que la provincia proyecta crear una empresa propia, para buscar y extraer uranio en Los Gigantes, el punto más alto de las serranías cordobesas.

Enseguida grupos ambientalistas y de pobladores de la zona pusieron su grito en el cielo acusando los riesgos de residuos radioactivos en una zona que es naciente de ríos que bañan los valles turísticos locales. Desde otra óptica tampoco faltaron los que tomaron el anuncio como una burbuja lanzada a cuatro meses de las elecciones para la gobernación local.

En la zona ya había existido una mina al servicio de la federal Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, pero dejó de funcionar a fines de los ochenta por muerte natural. La yellow cake, o torta amarilla, como se llama por su apariencia a las vetas de uranio, se había agotado.

El anuncio de Scalerandi puede haber tenido un condimento de oportunismo, pero en torno al uranio seguramente a los ambientalistas se les multiplicarán los frentes tanto en Argentina como en Brasil, Colombia, Perú y Chile, donde los proyectos que hasta hace no mucho parecían descabellados serán cada vez más frecuentes.

Desde 2003 el valor del mineral ha realizado una carrera ascendente, y desde hace dos años, cuando la crisis del petróleo, más calentamiento global remozó la energía nuclear para la generación eléctrica, su incremento fue geométrico hasta alcanzar los US$350 por kilogramo en el mercado spot durante junio pasado. “Y a esos valores hasta los pequeños y medianos yacimientos conocidos en el país son económicamente viables”, asegura Roberto Bianchi, gerente de exploración de materias primas de la CNEA.

Precisamente la misma Comisión aportó una de las primeras novedades de la industria del uranio en la región. En julio pasado anunció el ingreso en producción desde agosto del yacimiento Don Otto, en la provincia de Salta, al norte del país.

La mina producirá 30 toneladas anuales con el fin de sustituir parcialmente las 120 toneladas que los argentinos importan para alimentar sus dos centrales nucleares en funcionamiento, a un costo que se reduce “a la mitad”, según aseguran los profesionales de la CNEA.

TRAS LAS MINAS

Con esa ecuación en mente la CNEA ha multiplicado los proyectos. Mientras tiene una pulseada legal con la Provincia de Mendoza para reabrir la mina de Sierra Pintada, que había cerrado durante 1998 porque el precio del uranio a US$25 el kilogramo la había hecho inviable, prevé la puesta en funcionamiento del yacimiento de Cerro Solo en la Patagonia y ha lanzado estudios de cateo en varias provincias.

“Al día de hoy la Comisión tiene reservas razonablemente establecidas de 9,000 toneladas y 3,000 toneladas inferidas, lo que nos permitiría abastecer las dos centrales durante toda su vida útil, y parcialmente a Atucha II (la tercera central que entrará en operaciones para 2011). Pero creemos que podremos sostener siete centrales hasta 2060”, comenta Roberto Bianchi en Buenos Aires.

Pero la CNEA no está sola en su país, al menos en la búsqueda de las tortas amarillas. Gracias a la legislación vigente desde 1995 el uranio es accesible y de libre disponibilidad para el capital privado, con la única restricción que la Comisión tiene prioridad de compra a precio de mercado.

Así una decena de empresas juniors internacionales, como Megauranium, ex MapleMinerals, Frontier Pacific y Calypso, se han lanzado al cateo sobre mapeos confeccionados por el organismo estatal cuando ejercía el monopolio, o en las vecindades de sus yacimientos, cubriendo buena parte del país.

“Precisamente junto a la legislación, el know-how existente en el sector hace de Argentina un destino interesante para la inversión”, dice Carmen Diges, del estudio canadiense McMillan Binch Mendelsohn, de gira por Buenos Aires.

Pero Argentina no está sola en este boom. Brasil, otro de los países del club nuclear latinoamericano, también posee las mayores reservas de uranio en la región: 157,700 toneladas razonablemente aseguradas por un costo de producción inferior a los US$130 por kilogramo, habiéndose explorado sólo un tercio del gigantesco territorio.

El tema es que, a diferencia de sus vecinos, la exploración, extracción y aplicación del uranio es un monopolio federal a cargo de Industrias Nucleares de Brasil, INB, una empresa estatal perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNEN.

Perú, en cambio, sin demanda doméstica, pero una legislación amigable para con la inversión privada, y reservas estimadas entre 25,000 y 30,000 toneladas, ha generado una ola de desembarcos de ávidos buscadores de tortas amarillas.

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