- Justicia guatemalteca ordena nueva investigación
[/doap_box]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha nombrado a una juez para que investigue la presunta participación de un diputado guatemalteco en los asesinatos de tres legisladores del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de origen salvadoreño, y su chofer, informaron fuentes judiciales.
Según la CSJ, la juez Telma del Cid será la encargada de investigar la supuesta participación del diputado Manuel Castillo en los crímenes de los políticos, perpetrados el pasado 19 de febrero en Guatemala.
Del Cid deberá establecer si existen evidencias que impliquen a Castillo en la muerte de los tres diputados salvadoreños del Parlacen.
El actual diputado al Congreso es implicado en el hecho por el Ministerio Público (MP) por llamadas telefónicas que cruzó con personas que fueron detenidas posteriormente por los asesinatos.
Castillo se ha negado a identificar a una persona con la que sostuvo más de 61 llamadas telefónicas antes de los crímenes, por lo que el MP presentó el pasado 14 de agosto dos demandas por los delitos de encubrimiento propio y asociaciones ilícitas.
La juez tendrá un período de 60 días para realizar las investigaciones y entregar un informe a los magistrados de la Suprema Corte.
NO DESCARTAN DESPOJARLO DE INMUNIDAD
Si existen suficientes evidencias en contra de Castillo, la CSJ deberá decidir si lo despoja de su inmunidad como parlamentario para someterlo a un juicio.
Los cadáveres de los tres diputados del Parlamento Centroamericano, Eduardo DAubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez, fueron encontrados calcinados el pasado 19 de febrero en una apartada región de la carretera que de Guatemala conduce hacia El Salvador.
Los policías guatemaltecos Luis Arturo Herrera López, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar Méndez y José Korki López Arreaga, fueron capturados tres días después como los autores materiales de los crímenes, pero fueron asesinados el 25 de febrero pasado en la prisión en la que fueron recluidos.
Dos ex policías de Guatemala y cinco civiles, presuntos integrantes de un cártel de droga, están en prisión como presuntos responsables de los asesinatos.
Las autoridades gubernamentales de Guatemala han prometido aclarar el caso.
No obstante no han referido plazos al respecto.
Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la nación guatemalteca y la salvadoreña no han sufrido deterioro, pese a que desde un inicio El Salvador ha demandando más agilidad en la investigación que se efectúa en relación a los asesinatos descritos.
