- Orfanato clandestino manejado por estadounidense y su mujer evadían varios requisitos legales para dar bebés en adopción
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Aunque el mayor de los 46 niños guatemaltecos que fueron localizados en un hogar ilegal sólo tiene tres años, los infantes ya se encuentran en medio de una maraña de mafias que se dedican a la adopción fraudulenta y que genera unos 200 millones de dólares anualmente.
Propiedad del estadounidense Cliford Phillips y de su esposa guatemalteca Sandra González, la casa-hogar denominada Casa Quivira está legalmente inscrita desde hace unos cinco años, pero los trámites que realizan para las adopciones son fraudulentos, dijo a la AFP un investigador.
La vivienda, ubicada en las afueras de la turística Antigua Guatemala, 47 km al oeste de la capital, es blanca y sus 16 grandes ventanas le dan un toque del siglo XVIII.
Se sitúa en un área residencial denominada Panorama y está equipada con incubadoras y una miniclínica para atender a los infantes, cuyas edades oscilan entre los seis días y tres años.
Los 46 menores fueron localizados el sábado y según la Policía Nacional Civil estaban listos para ser dados en adopción de manera fraudulenta.
Este martes, un Juzgado de la Niñez debía ordenar su traslado a otros hogares que funcionan legalmente en la jurisdicción de Antigua Guatemala bajo la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, confió el delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, Carlos Azurdia.
Las dos abogadas que tramitaban las adopciones para Casa Quivira están detenidas en un hospital, hasta donde fueron llevadas por la Policía tras enfermarse inmediatamente después de su captura.
IMPORTANTE OMISIÓN
Aunque la casa-hogar funciona legalmente, las abogadas en ningún momento entregaron a un Juzgado de Menores las actas notariales donde los padres aceptaban darlos en adopción, un requisito indispensable para realizar el trámite, agregó.
Según la titular de la Procuraduría de la Niñez de la PGN, Josefina Arellano, el hogar desmantelado no tenía la documentación completa de ninguno de los 46 menores (23 niñas e igual número de niños).
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió este martes en una nota, que la situación de las adopciones en Guatemala es “volátil e impredecible” y las leyes que las regulan para extranjeros “son contradictorias”.
Según la legación diplomática, una ley de 2003 para proteger a la infancia y la adolescencia creó requisitos adicionales para la adopción, incluyendo la obligación de que los cuidadores de los niños en proceso de adopción deben obtener una custodia legal provisional.
Hasta ahora, ese requisito no se había aplicado, según la Embajada, pero fue el argumento utilizado por la justicia en la orden emitida contra el hogar Casa Quivira, ya que no se halló en ninguno de los casos la custodia legal provisional.
Las adopciones se han convertido en un negocio que mueve unos 200 millones de dólares al año.
Las autoridades guatemaltecas presumen la existencia de mafias vinculadas a este tráfico infantil, que ha originado que en diferentes áreas del país, principalmente en poblados indígenas, se hayan registrado al menos siete linchamientos de personas acusadas de dedicarse al robo de niños.
DOS EXÁMENES DE ADN
Ante ello, el Gobierno de Estados Unidos determinó que a partir del 6 de agosto practicaría dos exámenes de ADN a la madre que daba en adopción a su hijo, en vez de uno, como era hasta esa fecha.
El Congreso guatemalteco ratificó en mayo el Convenio de La Haya, una exigencia de Estados Unidos, que advirtió que dejaría de autorizar adopciones de menores procedentes de países que no trabajan con las mismas normas.
Este convenio obliga a cada uno de los Estados que lo han signado, a nombrar una autoridad central responsable de reglamentar las adopciones en los países de origen de los padres adoptivos y de los menores.
Los diputados guatemaltecos deben promulgar una ley de adopciones que se ajuste a los estándares internacionales, aunque la falta de voluntad política, según las organizaciones sociales, la mantienen paralizada.
Cifras de la Procuraduría Nacional de la Nación indican que anualmente se autorizan más de 4,000 adopciones, un 95 por ciento a ciudadanos estadounidenses.
“Son bebés que necesitan cuidado especial y acá tienen lo necesario para su cuidado; no consideramos conveniente trasladarlos”, dijo a la AP la subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Sully de Uclés, pese a una posible orden judicial de traslado.
De Uclés añadió que de momento todos los procesos de adopción están suspendidos, hasta que la Fiscalía termine la investigación que busca determinar si los menores son robados.
“Vamos a ubicar a las madres y a los familiares cercanos. Si no, buscaremos familias sustitutas”, dijo.