Los representantes del PLC en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional cumplieron sólo a medias la resolución que ese partido dio a conocer el miércoles de esta semana, de que no permitiría que el FSLN le arrebatara su escaño al diputado democrático Alejandro Bolaños Davis. En efecto, en vez de unirse con los directivos que representan a la ALN y el MRS para rechazar la arbitraria y disparatada resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) que pretende despojar a Bolaños Davis de su escaño, los dos representantes del PLC acordaron con los del FSLN interponer ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso Innominado, al que se recurre cuando hay problemas entre poderes del Estado
Pero al menos no dieron por aceptada la resolución del CSE, que hubiera sido lo peor. De manera que Bolaños Davis debe seguir ejerciendo su función legislativa, por lo menos hasta que la Corte dicte una resolución la cual dependerá seguramente de lo que negocien los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, quienes tienen sujeto por las narices al lastimoso Poder Judicial de Nicaragua.
En realidad, no se trata sólo de respaldar personalmente al diputado Alejandro Bolaños Davis, sino también y sobre todo de defender la democracia republicana, representativa y participativa, que está siendo atacada en múltiples formas por el FSLN, en su empeño por restaurar el autoritarismo izquierdista de los años ochenta, ahora envuelto en el celofán del Poder Ciudadano y el Socialismo del siglo XXI.
El caso de Bolaños Davis, como lo dijo el mismo PLC en su comunicado del miércoles pasado, “no está contemplado en ninguna de las siete causales establecidas en la Constitución Política, artículo 138.10, que establecen las facultades de la Asamblea Nacional para conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados”. Además, después de que un diputado ha sido elegido en unos comicios cuyos resultados definitivos fueron debidamente proclamados por el Consejo Supremo Electoral, o sea cuando ya pasó el período señalado para las impugnaciones y anulaciones, sólo el Poder Legislativo está facultado para revocar su mandato.
El Consejo Supremo Electoral no tiene potestad para quitarle su diputación a nadie. De manera que al anular la elección del diputado Bolaños Davis, el CSE se arrogó una potestad que no tiene y violentó el artículo 183 de la Constitución, según el cual: “Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política de la República y las leyes de la República”. En todo caso, si el CSE tenía alguna duda razonable sobre la legitimidad de la diputación de Bolaños Davis —no de su legalidad, porque esta fue confirmada por el mismo CSE al proclamarlo como diputado electo y luego juramentarlo—, debió haber solicitado a la Asamblea Nacional una investigación y un juicio político según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento de la Asamblea Nacional.
Pero el caso del diputado Bolaños Davis sólo es la parte visible de un vasto plan totalitario para someter, neutralizar e inclusive destituir a los diputados democráticos de la Asamblea Nacional. Ciertamente, si el matrimonio Ortega-Murillo logra imponer los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que han sido diseñados para controlar a todas las instituciones del Estado, inclusive las alcaldías y la Asamblea Nacional, es obvio que esta será un obstáculo a los planes totalitarios de mediano y largo plazo. Y en consecuencia el matrimonio Ortega-Murillo y el FSLN harán todo lo que sea necesario y posible para neutralizar o destituir a los diputados democráticos.
Hay que fijarse en lo que ha ocurrido en Ecuador, donde el autoritario presidente Rafael Correa destituyó por medio de una resolución del Tribunal Supremo Electoral, a 57 diputados de los 100 que tiene el Congreso y los sustituyó con suplentes previamente sobornados. Y ahora que los diputados han bloqueado leyes de interés para Correa porque no les cumplió todo lo prometido, éste amenaza disolver el Congreso y sustituirlo con una asamblea integrada mayoritariamente por diputados sometidos a él.
De manera que la destitución de Bolaños Davis sería un precedente nefasto, que se aplicaría después a otros diputados democráticos. Eso deberían considerar los diputados de oposición que por sumisión al caudillo siguen haciéndole el juego al FSLN y al matrimonio Ortega-Murillo.
