CORRESPONSAL / JINOTEGA
El presidente de la Comunidad Indígena de Jinotega, Andrés Granados, interpuso una denuncia en contra de la Policía del lugar ante la oficina regional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ubicada en el departamento de Matagalpa por la detención de ocho indígenas.
“Hemos puesto formal denuncia ante la PDDH contra la Policía Nacional por detención ilegal contra ocho miembros de la Comunidad Indígena”, dijo a LA PRENSA el presidente de los indígenas jinoteganos.
LOS HECHOS
La detención ocurrió el pasado 12 de junio cuando Granados y otros miembros de la Junta Directiva se presentaron a la casa propiedad de la Comunidad Indígena que rentan al ciudadano Fabricio Estrada, para ponerse de acuerdo en la cancelación del arrendamiento.
El inquilino, en estado de ebriedad, se alteró y llamó a la Policía Nacional bajo el argumento de que estaban invadiendo su propiedad.
La institución del orden dispuso dos patrullas policiales que sin mediar mayores explicaciones detuvo al presidente indígena y sus acompañantes.
“El delegado de la PDDH para Jinotega vendrá con una comisión de Managua para realizar las investigaciones pertinentes sobre nuestra denuncia a la Policía Nacional”, informó Granados.
POLICÍA DESESTIMA DENUNCIA
El jefe departamental de la Policía, Comisionado Raúl Monge, al ser consultado por LA PRENSA desestimó la denuncia y dijo que “como institución no tenemos nada en contra de los dirigentes de la Comunidad Indígena (…) En la Policía tenemos una División de Asuntos Internos que serán los encargados de hacer una investigación imparcial para presentarla a cualquier institución que así lo solicite”.
La Policía Nacional detuvo en aquella oportunidad a los miembros de la casta indígena por haber cometido los supuestos delitos de invasión al dominio privado, alteración al orden y asociación e instigación para delinquir.
El abogado defensor de los indígenas, Gustavo Zeledón, desestimó las acusaciones y argumentó ante la juez, Ana Lisseth Gutiérrez, la inexistencia de los delitos señalados y estableció que la detención era ilegal y que la Policía actuó con extrema violencia contra los indígenas.
