- Diputados de Alianza MRS consideran que existe revanchismo por parte del Gobierno de Daniel Ortega
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El juicio que por pensión alimenticia llevó a la cárcel al empresario Manuel Ignacio Lacayo, es resultado del revanchismo político del Gobierno de Daniel Ortega, por sus posiciones políticas y crítica permanente a la corrupción. Esto representa un retroceso a las prácticas somocistas, denunciaron ayer diputados de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
El presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputado Enrique Quiñónez, denunció ayer, por su parte, que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) prohíbe a todas las instituciones ver al empresario Manuel Ignacio Lacayo. Y advirtió que la vida de Lacayo está en peligro.
“Nosotros, los que vivimos la época de la dictadura somocista, no deja de traernos a la memoria las prácticas del somocismo (…) eran la detención ilegal, la detención arbitraria, las condenas por vía de juicios amañados, después te incomunicaban en las celdas y hacían todo eso”, sostuvo el diputado Víctor Hugo Tinoco.
“Se está empezando a practicar la tortura en Nicaragua y por eso repetimos, eso huele a somocismo”, añadió.
La diputada Mónica Baltodano criticó que “mientras a los delincuentes de saco y corbata como Arnoldo Alemán, Daniel Ortega les otorga el país por cárcel, gente como Manuel Ignacio, un empresario que ha dado todo por este país, está siendo violentado simple y sencillamente porque Daniel Ortega le tiene tinga, porque ya se le metió en castigarlo por sus posiciones políticas, por su crítica permanente a la corrupción”.
Recordó Baltodano que Lacayo marchó junto a ellos respaldando la desaforación de Alemán. “Y lo que hay aquí es un revanchismo y una decisión política de hundir a Manuel Ignacio en la cárcel”.
Un grupo de diputados del MRS se presentó al portón principal de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), con la intención de visitar al detenido, pero no se les permitió la entrada. “Se ha llamado y ha llamado al prefecto Carlos Sobalvarro y no se pone al teléfono”, refirió Baltodano.
Los parlamentarios del MRS aseguraron que desde el lunes solicitaron permiso por escrito a las autoridades del SPN y ayer hablaron con la juez Cuarto Local Penal de Managua, Alia Dominga Ampié, quien les explicó que por su condición de diputados “no deberá impedirse la entrada”.
La juez Ampié condenó a dos años de prisión a Lacayo, por omisión deliberada de pensión de alimentos en contra de su hija de cinco años.
El abogado defensor de Lacayo, Eliézer Cerda Moraga, denunció ayer que a su cliente le raparon la cabeza y le afeitaron la barba, lo que calificó de clara violación a los derechos del empresario.
El diputado Tinoco señaló que de ser cierta esta información, Lacayo habría sufrido “un nuevo vejamen, aparte de los vejámenes que ya le dieron ayer (el lunes), de tenerlo al lado de la celda del asesino de (Carlos) Guadamuz y de tenerlo incomunicado, “eso ya es tortura”.
Baltodano dijo que “esto es una demostración de que en este país se comienza de manera evidente y flagrante a violar derechos humanos y eso es típico de las dictaduras”.
PROPONDRÁN AMNISTÍA
“Vemos una trama donde no sabemos si lo han torturado”, manifestó ayer Quiñónez.
“Está en grave peligro, se le niega el derecho (a verlo) a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, porque ha acusado de crímenes de lesa humanidad al señor Lenín Cerna; se le niega al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a la Pastoral (de la Iglesia católica), a los diputados, es porque hay algo detrás y nadie oculta algo si no es que tiene intereses”, agregó Quiñónez.
Quiñónez aseguró que hoy pedirán la aprobación un pronunciamiento de condena y solicitarán se haga una iniciativa de amnistía para Lacayo.
