- Productores crean comisión que gestionará la delimitación real para evitar conflictos
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Corresponsal/Matagalpa
Productores cuyas propiedades han sido afectadas por contratos de arriendo otorgados por la Comunidad Indígena de Matagalpa (CIM) a terceras personas en El Tuma-La Dalia, conformaron una comisión que gestionará ante diversas instancias la delimitación real del territorio comunero para terminar con los conflictos agrarios en ese municipio matagalpino.
La comisión fue conformada durante un encuentro entre productores afectados, directivos y asesores legales de la CIM, Gobierno Municipal de El Tuma-La Dalia y diputados de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional.
Durante la reunión, los productores denunciaron que en El Tuma-La Dalia existen al menos 15 casos de propiedades situadas fuera del territorio indígena pero que han sido afectadas por contratos de arriendo otorgados por la CIM.
Con mapas que presentó durante el encuentro, Paul Roberto Cortedano Mairena aseguró que su finca está fuera del territorio indígena y aun cuando obtuvo fallos judiciales a su favor, la propiedad sigue en conflicto.
Mientras tanto, Álvaro Castillo denunció que “emisarios” de la CIM, a quienes no identificó, llegaron a pedirle 45 mil córdobas para “resolver el problema”.
Por su parte, Jaime Aráuz, alcalde sandinista de El Tuma-La Dalia señaló que “resolver el problema no es difícil y lo que se necesita es voluntad de todos los sectores porque perfectamente se puede delimitar los terrenos de la CIM para resolver esto de una vez por todas”.
En las certificaciones de los contratos de arriendo que otorga, la CIM dice ser dueña de poco más de 58 mil 472 hectáreas, comprendidas entre los municipios: “parte de Esquipulas, parte de Terrabona, todo San Dionisio, todo San Ramón, parte de Matagalpa y parte de El Tuma-La Dalia”.
RECLAMAN MÁS TIERRAS
La Comunidad Indígena de Matagalpa (CIM) también reclama derechos sobre dos mil 374 hectáreas de tierras en El Tuma-La Dalia, distribuidas en tres grandes lotes denominados Cañada de San Bartolo de Wasaka con su dependencia Uluses, Cañada de Carateras y Cañada El Coyolar con su dependencia El Carrizal.
Según los indígenas, estas tierras fueron devueltas por el Estado de Nicaragua, en 1925, en reposición por la venta de tierras de la CIM que el Estado había hecho durante el período comprendido entre 1900 y 1906. Ellos fundamentan su derecho en un decreto publicado en La Gaceta Número 33 del 10 de febrero de 1916.
Aunque reconoce el derecho indígena sobre los tres lotes en El Tuma-La Dalia, el alcalde Aráuz estima que “son dos mil 500 manzanas en tres parcelas que están perfectamente delimitadas y que apenas andan por el cuatro por ciento de todo el territorio municipal”.
En tanto, Gabino González, presidente de la CIM, reconoció la existencia de contratos de arriendo sobre propiedades que están fuera del territorio indígena, pero “no los hemos otorgado nosotros sino que fueron juntas directivas anteriores”.
González dijo que la CIM está dispuesta a cancelar los contratos que trascienden los límites del territorio indígena.
