“Este gobierno va a apretar tuercas”

Hernán Estrada, actual Procurador General de la República, es un viejo colaborador del Presidente Daniel Ortega. Tiene clara su misión al frente de la institución que es el “abogado y notario” del Estado, y lo dice sin tapujos: “Este Gobierno va a apretar las tuercas”.

Deja claro que será la única entrevista que brindará a este Diario. Para que la concediera, debieron pasar cuatro meses y señala que desconfía de la imparcialidad y objetividad de este rotativo.

“No ven las cosas positivas del Gobierno”, asegura y agrega que probablemente sólo le publiquemos menos de un tercio de lo que ha dicho. Pero aclara que la institución genera suficiente información que bien puede ser solicitada por la vía de relaciones públicas.

Dice que una de las prioridades que tiene es el sector energético: Apoyar al Ministerio de Energía y Minas en la parte legal que corresponda con aquella empresa que estén incumpliendo con sus obligaciones o que hayan sido denunciadas de nulidad por la Contraloría.

“Ya resolvimos el caso Polaris” y admite que en la fila están Glencore, con quien no se ha llegado a acuerdos; Unión Fenosa y Ortmat. Todas empresas que tienen concesiones estatales en el sector energético y la distribución de combustibles.

“La emergencia energética es una prioridad. Hay un problema de generación. De distribución, hay que atacar el problema, hay que buscarle solución integral. Por eso se ve que todos estos casos priorizados están en el campo energético y tienen que ver con el petróleo, con la distribución, la generación energética, tienen el mismo eje de atención porque es la prioridad”, dice Estrada.

Admite que “no es fácil lidiar con toda esa situación, pero hay una voluntad política de hacerlo”.

Cuando se le pregunta sobre el caso de Arnoldo Alemán se limita a decir que es un asunto que debería solucionarse pronto en los tribunales. Esquivo sobre ese tema.

Cree firmemente que el Gobierno de Bolaños era altamente corrupto “y lo decimos por el nivel de conocimiento que ahora tenemos sobre lo que aquí ocurrió”.

¿Cómo va el cobro de las glosas?

Estamos comenzando. Se han estado mandando requerimientos de pago y la gente ha estado viniendo. Incluso alcaldes y concejales que han sido sancionados. Estamos actualizando las direcciones con el Consejo Supremo Electoral porque en la Contraloría no tienen un estricto control de las direcciones. El monto de lo pagado ya asciende a millones.

¿Cuántos millones?

No lo preciso, pero son millones.

¿En dónde están pagando?

En la Tesorería General de la República.

¿Qué otras acciones ha emprendido?

Tenemos juicios en los juzgados de embargos de bienes para que esta gente pague.

¿Hasta ahora sólo conocemos el caso de Pedro Solórzano?

Así es, a ese me refiero. Aquí se ha lesionado al patrimonio del Estado por acción y por omisión. Se ha lesionado al Estado cuando se hacen concesiones con cláusulas lesivas para el país. El dinero alguien se lo llevó, alguien recibió un royalty, una prebenda, una coima, pero es invisible, vos no los ves, vos no sabés quién es. Ahora sabemos cómo opera.

¿Y cómo opera?

Opera desde fuera, cuando te piden algún tipo de prebenda.

¿Tienen un caso en concreto?

No, pero sabemos que así opera. Ya te dije que es invisible. Está claro para nosotros que el Gobierno anterior era corrupto. Había una corrupción respiratoria.

¿Por qué lo dice así?

Lo decimos por el nivel de conocimiento que ahora tenemos de lo que fue ese gobierno y era respiratoria porque estaba en el ambiente, como los contaminantes que hay en el ambiente que van matando al ser humano poco a poco. Lo que aquí ha existido es un sistema corrupto que se desarrolló a las máximas expresiones en los últimos años.

Pero de los casos denunciados por los nuevos funcionarios hasta ahora no se ha llevado ninguno a los juzgados.

Están en análisis, aquí y en la Contraloría.

¿El caso Alemán?

El caso Alemán fue juzgado con un código que era inquisitivo. Que es diferente del Código Procesal Penal actual. El caso está allí en los tribunales. Yo creo que debería haber una solución definitiva a ese tema, porque es un caso recurrente.

Panamá está pidiendo información.

Yo ya le di curso a eso. Es lo que me corresponde. Mi obligación es cumplir con mi trabajo y lo estoy haciendo.

El resto de casos ¿qué ha pasado con ellos?

Nosotros le pasamos 29 casos al Fiscal. Él ha comentado el tema. Él ha llevado a juicio a tres de los 29 que le pasé. Incluso algunos los ha desestimado y nosotros nos hemos ido por la vía autónoma, como el caso de Enabas, que el fiscal desestimó y nosotros nos fuimos por la vía autónoma. Ese es un caso en el que el Estado perdió sus silos, los dieron en pago por una deuda y luego una empresa, en la que ex funcionarios del mismo Enabas tenían participación, los compró. ¿Había o no corrupción?

¿Pero ese caso lo desestimó el juez José Galeano?

Nosotros volvimos a insistir. Recurrimos y ahí estamos en la lucha. José Galeano desestimó el caso, introducimos inmediatamente el recurso de nulidad y deberá pronunciarse.

¿Qué pasó con la denuncia de nulidad que la Contraloría hizo contra una concesión que se le dio a Bell South?

Allí hubo un arreglo en los juzgados porque el Estado no actuó y los privados fueron a resolverlo en los tribunales. Hay un arreglo, qué van a decir si yo me opongo a eso, que estamos contra la empresa privada. Pero además si bien es cierto hubo una lesión al patrimonio del Estado como es el espectro radioeléctrico, no había afectaciones a la población porque todo mundo anda sus teléfonos y están funcionando. Es un tema diferente del de la energía que nos afecta a todos.

¿Y el caso Petronic-Glencore cuál es su estado? ¿Ya se llegó a un acuerdo?

Nosotros esperamos llegar a un arreglo. Por ahora no hay acuerdo previo con Glencore. Hay voluntad para que todo mundo trabaje como debe trabajar. Lo que queda claro es que este Gobierno va a apretar las tuercas. Definitivamente. Va a velar por los intereses generales del país. Nosotros vamos a estar atentos a eso, aquí el que no cumpla va fuera. Y te digo que hemos sentido simpatía, respeto, de parte de los empresarios porque lo que estamos haciendo es correcto. Lo que pasa es que aquí había un abandono total.

Unión Fenosa invocó el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, y amenazó al Estado con llevarlo a un arbitraje administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)

Sólo amenazaron. No nos han llevado a esa sede. Los Apri son instrumentos para casos de expropiación, que han sido utilizados por algunas trasnacionales para abusar de su éxito o fracaso. Te voy a citar un caso en México que es patético. Una empresa española invocó Apri por supuesta expropiación porque el Estado (mexicano) no utilizó la fuerza pública para parar las protestas callejeras contra ellos. Cualquier similitud con lo que pasa acá pareciera coincidencia. Alegaron que eso era un acto que atentaba contra la seguridad jurídica. ¿Hasta dónde llega la seguridad jurídica? ¿Cuál es la frontera? Habrá que revisarlo si llegamos a ese nivel. Nosotros no lo queremos.

¿El caso de la Cementera?

El caso de la Cementera es un caso de Estado. Cuando te digo de Estado es que hay consenso de todos los poderes del Estado para proteger los intereses del Estado.

¿Pero hubo tribunales que le dieron la razón a la familia Somoza?

El tema allí es que había elementos dentro de todas esas estructuras que permitieron darle vida a algo que nunca le debieron dar vida. Se le dio expectativa a esta familia de que podían recuperar estos bienes. Si ellos tenían estas expectativas creo que hoy están perdidas.

¿Pero está pendiente un fallo judicial?

Yo espero que ese fallo no vaya a perjudicar al Estado. Nosotros hemos andado allí, personalmente donde todos los magistrados, haciendo el trabajo para qué decirles, nosotros estamos atentos. No es lo mismo que cuando nadie está atento.

¿Entonces andan cabildeando?

Sí. Eso, cabildeando a favor del Estado.

¿Y los Ceni?

Estamos esperando que se determine el tema de la Contraloría. Aparte de eso tenemos una comisión estudiando el caso. Allí está el economista Acevedo Vogel de la Coordinadora Civil y con el Banco Central estamos trabajando. Ya hay diferentes opciones, ya el Presidente ha adelantado algo y va a haber algo.

¿Qué quiere decir cuando afirma que va a haber algo?

Algo va a haber, pero no me corresponde a mí decirlo.

Me imagino que habrá alguna negociación para bajar el techo del pago. ¿Por allí andará algo?

Definitivamente. Por allí anda. Lo que digo es que será pronto.

¿Ese será el anuncio que hará el Presidente pronto?

Yo espero que sí.

¿Ha estado usted en las negociaciones con los banqueros?

No. Ese es un tema que lo maneja el Presidente.

¿Será una modificación al pago de la deuda de los Ceni?

Claro, si no, no sería beneficioso para el Estado.

Ex diplomático sandinista

Hernán Estrada habla tres idiomas: inglés, alemán y español. Dice que no le gusta hacer culto a la personalidad y por ello huye de las entrevistas personales. Tiene 50 años. Nació en Chinandega, el 21 de octubre de 1957.

Genealógicamente pertenece a la familia Montealegre de Chinandega. Su padre es Hernán Estrada Montealegre y su madre Rosa Delia Santamaría.

Es abogado y notario público graduado desde 1980, en la Universidad Autónoma de Nicaragua, 1978, (UNAN-León).

Fue Embajador de Nicaragua en Alemania durante la Revolución Sandinista.

Tiene una maestría en Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos. Es doctor en Investigación de Derecho Administrativo graduado en la Universidad de Bonn, Alemania y tiene Postgrado en Comercio Legal Internacional por el INCAE/Universidad Georgetown, 1998/1999.

Asesor Legal del Programa de Reforma del Sector Público desde 1994. Tiene entre su misión asegurar que se conduzcan cabalmente todos los procesos de contrataciones que son financiados con fondos internacionales. Ha trabajado en las principales leyes llevadas a cabo en el marco de la Reforma Institucional Pública: Ley de Municipios, Ley de organización, Procedimiento y competencia del Poder Ejecutivo, Reglamento; SIGFA; entre otras.

Desde 1990 es director de la firma de abogados Estrada y Asociados con sede en Managua. Antes de que Daniel Ortega asumiera por segunda vez la Presidencia de la República él era una especie de “canciller” de Ortega, pues le acompañaba en casi todos los viajes que éste realizaba a Europa, África y América Latina, entre otras latitudes.

Esa fue, quizás la razón por la que se rumoró que él sería el Canciller, pero finalmente fue nombrado Procurador General de la República.