Según la doctrina jurídica, el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Debe ser público para los efectos de averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados e inscritos pero, al mismo tiempo, las escrituras del Registro de la Propiedad deben estar debidamente custodiadas por la autoridad correspondiente para evitar su falseamiento, alteración o despojo. Esta información es pertinente a propósito del escándalo que ha salido a luz pública en los últimos días con respecto a varios delitos cometidos en el Registro de la Propiedad en Managua. Averiguaciones periodísticas indican que aunque tal vez no sean directamente responsables, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (TAM) así como el Registrador de la Propiedad han contribuido al caos que existe actualmente en esa dependencia, pues no han cumplido con las normas que les obligan a mantener una continua supervisión y control de esa institución.
Más grave que la inseguridad jurídica de la institución es la inseguridad en que se encuentra el interés patrimonial de miles de ciudadanos cuyas propiedades podrían de pronto cambiar de dueño o sufrir alteraciones. Efectivamente, cuando no hay un Registro de la Propiedad confiable, puede ocurrir que personas que no son los verdaderos dueños de un terreno, casa, finca, etc. los tomen como suyos, los hipotequen o alteren sus características. Por ejemplo, alguien que vive en el extranjero puede haber comprado un terreno pensando en heredarlo a un hijo y, al regresar al país, encontrarlo en posesión de un desconocido que, incluso, ha construido una casa en él y que, además, compró el terreno de buena fe, pues le fue presentada una escritura debidamente notariada, registrada y libre de gravamen. Y es que, en el actual estado caótico del Registro, un mismo bien inmueble puede perfectamente venderse dos o tres veces utilizando una escritura con cuenta registral duplicada, incluso, más antigua que la del verdadero dueño con la cooperación de delincuentes que operan al interior del Registro de la Propiedad, los cuales alteran firmas de los registradores, hurtan sellos, arrancan la página donde aparece registrada una propiedad, hacen anotaciones que no están apegadas a Derecho, insertan documentos falsos, etc. Como si esto fuera poco, la semana pasada se reportó la pérdida de la llave de acceso del sistema electrónico del Registro de la Propiedad de Managua que da acceso a toda la información registral, la cual puede ser borrada, alterada o simplemente vendida a terceros interesados en pagar mucho dinero.
Este interés delincuencial en el Registro de la Propiedad tiene su génesis en los decretos 3 y 37 (confiscatorios de las propiedades de la familia Somoza, sus allegados y miembros de la Guardia Nacional); las leyes 85 y 86 (“La Piñata”); la Ley de los Ausentes (que confiscaba propiedades de ciudadanos que permanecían fuera del país por más de seis meses); la Ley de Reforma Agraria que afectó de muchas maneras el sistema de tenencias de tierras agrícolas, etc. Es imposible medir el daño que la corrupción ha causado al Registro de la Propiedad y al interés de particulares pero no hay duda de que es mucho. Ha sido como un río revuelto que ha dejado gruesas ganancias a muchos pescadores interesados, desde luego, en que el río no se aclare. Corresponde a la Policía identificarlos y —sean quienes fueren— castigarlos con todo el peso de la Ley.
Sin seguridad registral, los inversionistas se van a ir, pues ellos necesitan garantías de que lo que compran hoy, mañana no estará en manos de alguien más. Este problema debe resolverse cuanto antes. La Corte Suprema de Justicia debe tomar la iniciativa. Pero debe haber voluntad política no sólo del máximo tribunal sino también del Ejecutivo con el cual la Corte podría hacer un convenio de apoyo y cooperación. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) —bajo el Ejecutivo— tiene un papel importantísimo que jugar en este problema, pues ahí cuentan con una memoria de las cuentas catastrales y registrales que permite comprobar si hay información que ha sido alterada sin los debidos procedimientos legales.
