WASHINGTON/AFP
El escándalo de la “parapolítica” en Colombia despierta cautela entre los políticos estadounidenses, que quieren saber hasta dónde llegan los vínculos de los paramilitares de extrema derecha con la clase dirigente de un país aliado, y ha dado nuevos argumentos a quienes cuestionan la ayuda militar a Bogotá y un TLC bilateral.
Ocho congresistas detenidos acusados de vínculos con los paramilitares, otro prófugo; denuncias en la prensa norteamericana sobre relaciones entre la cúpula militar colombiana y paramilitares; acusaciones de un legislador opositor que apuntan directamente a la familia del presidente Álvaro Uribe, quien niega los señalamientos.
Aunque la actitud del Gobierno colombiano de promover la investigación judicial en este caso ha recibido elogios, muchos se preguntan en Washington cuál será finalmente la magnitud del escándalo en Colombia, el principal aliado regional de Estados Unidos y destino de más de 4,000 millones de dólares de ayuda desde el año 2000.
El escándalo no pudo llegar en peor momento para Uribe, en momentos en que el Congreso estadounidense debate una extensión de la ayuda al Plan Colombia de lucha contra las drogas y los grupos armados ilegales en el país, y también un Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado el año pasado con Bogotá.
Hay una “creciente preocupación sobre lo que está pasando en Colombia”, dijo el vicepresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter, en entrevista con la AFP.
Se hace “difícil para el Gobierno (colombiano) pintar todas las investigaciones como algo positivo. Si bien demuestra que ciertas instituciones democráticas están funcionando, el hecho es que están saliendo vínculos y lazos que siempre se sospechaba que existían” y eso “despierta muchos interrogantes (en Estados Unidos) sobre qué tipo de Gobierno es”, explicó.
La consecuencia: “Mucho más cautela” entre los políticos al abordar las relaciones con Colombia, “porque no se sabe hasta qué punto llega esta investigación”, expresó Shifter.
En medios políticos en Washington, priman las coincidencias sobre la continuidad de la ayuda a Colombia, pero las voces que piden un redireccionamiento de esa asistencia al plano social suenan ahora más fuerte con el telón de fondo de las denuncias sobre presuntos vínculos entre autoridades y paramilitares acusados de violar los derechos humanos.
