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A pesar de la polémica desatada por la división entre los liberales (Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense) la posibilidad de reformas constitucionales se ha abierto paso dejando al descubierto los planteamientos que ambos bandos deberán negociar, ya sea entre ellos como bloque o con el FSLN que hasta el momento no ha dado a conocer sus prioridades en el tema.
La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) propone que el porcentaje para ser electo Presidente de la República pase de un 35 por ciento a un cincuenta por ciento más uno; además que se respete el sistema presidencialista; que se elimine la reelección alterna o continua y que desaparezca la segunda vuelta, tal como lo señala la Constitución y la Ley Electoral vigente.
Además plantean que mantengan por separadas las elecciones municipales con las presidenciales, a fin de no permitir la posposición de ninguno de los comicios electorales.
Otro de los planteamientos de la ALN es que se legalice el voto en el exterior.
Sin embargo, el PLC, por medio del primer vicepresidente Wilfredo Navarro, presentó diez puntos medulares que su partido podría plantear a la hora de la discusión de las reformas constitucionales.
Las propuestas del PLC buscan reducir el número de diputados en la Asamblea Nacional, por medio de la eliminación de los diputados nacionales; además reducir el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contralores y magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Otra de las propuestas del PLC es reducir el período presidencial a cuatro año, así como juntar las elecciones municipales con las presidenciales para el año 2011.
A pesar que han expresado su oposición a la reelección continua, la cúpula de ese partido ha dicho estar a favor de la reelección alterna.
Además pretenden redefinir el marco regulatorio para los nombramientos de los magistrados y jueces del Tribunal de Apelaciones, así como establecer un marco más claro y transparente en la elección de los magistrados del CSE, CSJ y los contralores.
Las coincidencias liberales están referidas al proceso electoral, pero será el Frente Sandinista el que tome de las propuestas liberales los aspectos que le convengan tal y como lo ha hecho en otras oportunidades en las que ha negociado “a dos bandas”, tomando lo que le conviene de ambos grupos liberales.
La ALN ha advertido que así como la desunión liberal favoreció el triunfo electoral del FSLN, también será beneficioso para una reforma constitucional favorable para los sandinistas.
Todos piden reformas
El Movimiento por Nicaragua, la Unión Europea y la sociedad civil han demandado reformas a la Ley Electoral con el propósito de restarles poder al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y al Frente Sandinista que controlan al Consejo Supremo Electoral (CSE).
En su momento el Movimiento por Nicaragua (MpN) propuso eliminar la reelección, aumentar el porcentaje para que un candidato resultara electo Presidente, reducir el número de magistrados tanto del CSE, Corte Suprema de Justicia, diputados y contralores.
Así como obligar a los partidos políticos a realizar elecciones internas para seleccionar a sus candidatos; además demanda la separación de la Dirección General de Cedulación del CSE, para convertirla en una institución independiente, entre otros temas.
El MpN también demandó la cedulación y el derecho a ejercer el voto de los ciudadanos nicaragüenses que residen en el exterior.
Por su parte la misión de observación electoral de la Unión Europea recomendó a los partidos políticos con representación legislativa efectuar “reformas profundas”, sin precisar detalles, que permitan despartidarizar el Poder Electoral.
Además recomendaron abrir los espacios para que las mujeres ocupen cargos públicos. El presidente del CSE, Roberto Rivas, manifestó hace unos meses estar de acuerdo con unas reformas a la Ley Electoral.
La ley marco
El PLC ha criticado la posición de la ALN de proponer la prórroga de la aplicación de la Ley Marco, porque dejó abierta la posibilidad de reformar la Constitución a voluntad del Frente Sandinista.
Pero la ALN ha defendido la posposición de la Ley Marco bajo el criterio de que se tendría más tiempo para realizar reformas de consenso entre los diversos sectores.
