Invasores a juicio

Juez decidió realizar el proceso por delito ambiental porque el acuerdo era inconsistente [doap_box title=»Los acuerdos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La Fiscalía había logrado que los 128 acusados aceptaran su culpa, se comprometieran a no volver a invadir la zona protegida y a pagar una multa de 300 dólares cada uno, además de aportar plantas de árboles […]

  • Juez decidió realizar el proceso por delito ambiental porque el acuerdo era inconsistente
[doap_box title=»Los acuerdos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

La Fiscalía había logrado que los 128 acusados aceptaran su culpa, se comprometieran a no volver a invadir la zona protegida y a pagar una multa de 300 dólares cada uno, además de aportar plantas de árboles maderables para reforestar el área dañada.

A cambio, los acusados habían conseguido que se les impusiera la multa mínina, la pena mínima de dos años de prisión y su libertad condicional.

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Corresponsal/Río San Juan

El Juez de Distrito Penal de Juicios de Río San Juan, Julio Acuña Cambronero, rechazó el acuerdo extrajudicial que habían negociado los 18 invasores de la Reserva Biológica Indio Maíz, que están detenidos y procesados por delito ambiental con el Ministerio Público y mantuvo la decisión de celebrarles juicio oral y público este 1 de marzo.

Los 18 acusados son de nacionalidad nicaragüense, pero desde hace varios años residen en Costa Rica y el pasado 17 de diciembre del 2006 cruzaron el río San Juan por el sector de La Penca y se establecieron ilegalmente en territorio protegido por la ley, en la Reserva Biológica Indio Maíz.

La semana pasada, en acuerdo con el Ministerio Público aceptaron su culpa, se comprometieron a pagar una multa y prometían no volver invadir el área protegida y a cambio pidieron se les dictara la pena mínima por el delito ambiental del que se les acusa.

Según la decisión del judicial, el acuerdo no estaba bien logrado, pues en él no se tomó en cuenta a la Procuraduría Ambiental, que es parte en el proceso, sino que el trato sólo fue negociado entre el Ministerio Público y los procesados.

El fiscal departamental Elmer Reyes explicó que el acuerdo buscaba una rápida y beneficiosa conclusión del proceso para el Estado y la sociedad de Nicaragua, que es el ofendido y los acusados pues se amparaban en el Artículo 61 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que permite ese tipo de acuerdos siempre que los acusados reconozcan su responsabilidad en los hechos.

Otro motivo por el cual el juez Acuña rechazó el acuerdo fue que dos de los acusados incluidos en el documento, que gozan de medida cautelar de libertad bajo fianza, no firmaron.

El fiscal informó que uno de ellos, Pedro Ramón Herradora, se fugó del país con rumbo a Costa Rica.

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