Paz, crimen y violencia

Aquel 16 de enero de 1992 se vislumbró finalmente en el horizonte la paz gracias a los acuerdos, firmados en México, que acabarían con 12 años de guerra en El Salvador. Hoy, la violencia criminal y la precariedad social amenazan con destruir los logros y avances de estos 15 años y el futuro de la […]

Aquel 16 de enero de 1992 se vislumbró finalmente en el horizonte la paz gracias a los acuerdos, firmados en México, que acabarían con 12 años de guerra en El Salvador. Hoy, la violencia criminal y la precariedad social amenazan con destruir los logros y avances de estos 15 años y el futuro de la pequeña nación centroamericana.

No se puede afirmar que no ha habido progresos desde el fin del cruento conflicto que costó 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y 12 mil lisiados, un costo humano gigantesco para un país tan pequeño.

La guerrilla del FMLN se ha convertido en un actor político importante y desde entonces se han celebrado normalmente elecciones democráticas; los viejos cuerpos represivos se transformaron en instituciones profesionales al servicio de la sociedad; existen libertades ciudadanas; ácidas controversias y juegos políticos han suplantado la eliminación física de los adversarios; se ha mejorado el clima de los derechos humanos en comparación a los años de la guerra.

Con cuatro gobiernos del partido de derecha Arena, la economía salvadoreña de mercado muestra un gran dinamismo —si hacemos una comparación con la de Nicaragua—, grandes niveles de inversión externa e interna y ahora, con el DR-Cafta, las exportaciones crecerán aún más. El Salvador creció más del 4 por ciento en el 2006, de acuerdo al Gobierno.

El Salvador es el aliado más cercano a Estados Unidos en la región, lo cual le da un cierto liderazgo regional en un istmo hasta hoy orientado hacia el mercado estadounidense como objetivo estratégico. Esto se expresa en cosas como la continua presencia —simbólica, dada la verdadera situación militar del país árabe— de un batallón en Irak, el único contingente latinoamericano, y la concesión de US$461 millones por EE.UU. a El Salvador en el programa Cuenta del Milenio, casi tres veces más que a Nicaragua. Habría que agregar el creciente interés estadounidense en el combate a las maras, por lo que El Salvador es sede de un centro regional con ese fin y las constantes renovaciones del Estatus de Protección Temporal para un sector de los inmigrantes. Son éstos algunos ejemplos.

Confluyen aquí algunos factores históricos y económicos: el estrecho apoyo de Washington a la derecha salvadoreña durante la guerra —lo que impidió un triunfo militar de un FMLN apoyado militar y logísticamente por Nicaragua y Cuba—; una numerosa colonia emigrante que envía unos 2 mil 500 millones de dólares en remesas anuales; la condición del capital norteamericano como el principal inversionista extranjero y con el TLC, la consolidación del papel de EE.UU. como el principal socio comercial.

Sin embargo, la violencia criminal y la inseguridad, la pobreza persistente, el desempleo, el ritmo insuficiente de creación de empleos y los niveles de emigración ilegal son fenómenos que amenazan la paz.

A diario se cometieron en promedio 12 homicidios durante el año pasado, lo que hace de El Salvador uno de los países más violentos de América Latina. Solamente entre enero y octubre del 2006, la Policía Nacional Civil registró 3,076 homicidios, 33 más que en el período correspondiente de 2005.

Las maras extorsionan y matan transportistas, cobran “impuestos” en barrios y gremios económicos, trafican con armas y drogas, imponen el terror y se están expandiendo. Por más “Manos Duras” y “requeteduras” que se han aplicando contra los pandilleros, la represión ha fracasado con Armando Calderón Sol, Tony Saca y Francisco Flores. Es evidente la incapacidad del Estado de hallar una solución.

Cosas similares pueden decirse de Honduras y Guatemala. Según el Observatorio de la Violencia, un esfuerzo de la Universidad Nacional de Honduras y el Ministerio Público, en Honduras mueren violentamente 8.4 personas por día. La Policía de Guatemala reportó que con el gobierno de Oscar Berger, los homicidios se han incrementado en un 12.33 por ciento en comparación con la Administración de Alfonso Portillo (2000-2004). Se registraron un total de 14,001 homicidios con Portillo, mientras que en la Administración de Berger, de la Gran Alianza Nacional suman 15,728 casos. No es que Portillo —quien huyó de su país bajo acusaciones de corrupción— haya combatido mejor el crimen, sino que éste ha aumentado su presencia ante un Estado desbordado que no logra mejorar los indicadores sociales.

¿Cómo se puede vivir una vida normal en esas condiciones? ¿Qué democracia puede sostenerse así a largo plazo?

Aunque con niveles más bajos, esta plaga puede expandirse hacia el resto de Centroamérica.

Los fusiles ya no truenan en las trincheras, pero la verdadera paz con justicia social y seguridad, sigue un sueño lejano para El Salvador y Centroamérica.

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