- CGR manda al Juzgado auditoría y acusación de responsabilidad penal contra ex ministro de Construcción
[/doap_box]
-
El informe de una auditoría especial que realizó la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proceso de contratación del Proyecto Carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, revela que el ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano Castillo, habría cometido irregularidades en la licitación de la obra, y presumen responsabilidad penal en su contra.
El documento fue remitido en forma de acusación al Juzgado Octavo de Distrito Penal de Audiencia, con copias al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, confirmó el contralor Luis Ángel Montenegro.
Dijo que la Ley Orgánica de la CGR y la Constitución Política del país facultan al órgano fiscalizador para realizar ese tipo de operación sin mayor trámite.
LA PRENSA buscó la versión del ex ministro Solórzano, ahora asesor de la Presidencia, pero éste no respondió el teléfono. El vocero de Casa Presidencial, Lindolfo Monjarretz, dijo que le consultaría y nos regresaría la llamada, pero no lo hizo.
Montenegro explicó que en el proceso de acusación a los implicados, Solórzano y demás miembros del Comité de Licitación del MTI, la CGR no tiene ninguna intervención, porque ese aspecto le compete al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República.
PREFERENCIAS A HISPÁNICA
El informe de auditoría, con 812 folios, indica que en el año 2003 el Comité de Licitación del MTI descalificó una oferta de Hispánica para construir la mencionada carretera, por presentar un desbalance de precios.
La empresa de construcción española presentó un recurso de impugnación el 3 de marzo del mismo año 2003, el cual habría sido aceptado por Solórzano, aún cuando la causa era inapelable.
El 14 de marzo, Solórzano admitió como válida la impugnación, a pesar de que debió ser desestimada, y colocó a Hispánica en posición ventajosa respecto a las otras constructoras oferentes que sí cumplían con el Pliego de Bases y Condiciones que exige la Ley de Contrataciones del Estado, número 323.
La auditoría también menciona multas no cobradas a Hispánica por el MTI, hasta por la suma de 2 millones 75 mil 211 dólares, por el atraso en la entrega definitiva del proyecto, así como otras anomalías.
FSLN VA TRAS BOLAÑOS
Los supuestos actos de corrupción de la administración del presidente Enrique Bolaños serán investigados por la Contraloría, resueltos en el Poder Judicial y, de ser necesario, revisados en el Poder Legislativo, advirtió ayer el coordinador de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro.
“Nosotros creemos que en Nicaragua deben aclararse los casos (de corrupción)”, enfatizó.
El martes, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, anunció su interés por sentar “en el banquillo de los acusados” a Bolaños y sus ministros, si se demuestra que están involucrados en actos ilícitos.
“Si en caso nos vienen (los asuntos de corrupción), los revisaríamos”, dijo ayer Edwin Castro, diputado del FSLN, partido que mantiene un pacto con el PLC.
El diputado desestimó que el próximo Presidente de la República, el sandinista Daniel Ortega, esté interesado en hacer acusaciones.
“El Presidente no es el Poder Judicial, aprendamos a diferenciar. Por desgracia, en la práctica de don Enrique (Bolaños) tuvimos a un Ejecutivo que se inmiscuyó en todos los poderes, queremos que el Presidente electo sea Ejecutivo, dejemos que el Poder Judicial haga su labor, igual que la labor de la Contraloría”, señaló Castro.
CASI ROBAN EN IDR
Castro admitió que los casos de corrupción no son una “generalidad” en el actual gobierno. “Insisto, no es una generalidad, pero sí hay casos. Está el del IDR (Instituto de Desarrollo Rural), el del INEC…”
En el IDR, según Castro, algunos directivos aparentemente intentaron desfalcar de un proyecto, diez millones de córdobas.
“Me extrañó ayer (martes) algunos comentarios del Presidente, o no está informado. Y hay casos preocupantes en el IDR, donde inclusive hay una denuncia penal a los directivos del IDR, por querer birlar de un proyecto específico casi diez millones de córdobas”, denunció Castro.
